Australia condena el fin de las elecciones en Nicaragua y exige restaurar las garantías democráticas
Australia se sumó este miércoles a la creciente lista de gobiernos que condenan la decisión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de eliminar las elecciones en Nicaragua. El Ejecutivo australiano calificó el anuncio como una nueva escalada en el desmantelamiento de la democracia y reclamó que los nicaragüenses puedan elegir a sus gobernantes «de manera libre y justa».
En un comunicado oficial, el Gobierno australiano expresó su «profunda preocupación» por las declaraciones de Ortega de que en Nicaragua ya no volverán a celebrarse elecciones, al considerar que esa decisión profundiza el deterioro de las instituciones democráticas del país.
«El pueblo nicaragüense debe tener la posibilidad de elegir a su gobierno de manera libre y justa», señaló el gobierno australiano, al reiterar que la celebración de elecciones constituye un principio esencial de cualquier sistema democrático.
Australia también manifestó su preocupación por el continuo deterioro de los derechos humanos en Nicaragua e instó al régimen a cumplir las obligaciones internacionales asumidas por el Estado nicaragüense. En ese sentido, pidió restaurar las garantías democráticas y crear condiciones para una participación política efectiva, el disenso pacífico y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
El pronunciamiento australiano se produce mientras el régimen avanza en la reforma constitucional que busca convertir en ley el anuncio realizado por Ortega el pasado 19 de julio. La iniciativa, presentada por el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, sustituye las elecciones periódicas por una Presidencia renovable cada siete años, un mecanismo que elimina la alternancia política y permite la permanencia indefinida de Ortega y Murillo en el poder.
Aumenta el rechazo internacional
Con esta declaración, Australia se suma a la cadena de condenas internacionales emitidas tras el anuncio del dictador, el pasado 19 de julio durante el acto de aniversario de la Revolución Sandinista.
Gobiernos como Costa Rica, Panamá, Guatemala, Chile, República Dominicana, Bolivia y Brasil, así como organismos regionales y la Unión Europea, han advertido que la decisión del régimen supone un nuevo retroceso democrático y vulnera el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades.
Estados Unidos también es parte del bloque y su acción fue un llamamiento a la comunidad internacional a no normalizar las relaciones con Managua mientras el régimen continúa desmontando los mecanismos democráticos y restringiendo las libertades políticas.
Pese a esas reacciones, Ortega y Murillo han mantenido su decisión. Tras varios días de intentar matizar el anuncio con la promesa de unas supuestas «elecciones propias», la reforma constitucional terminó confirmando el mismo objetivo anunciado por Ortega: sustituir el modelo electoral vigente por un sistema diseñado para garantizar la continuidad del régimen sin competencia política efectiva.
