El régimen fija fecha para eliminar las elecciones: Reformas se votarán la primera semana de agosto

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ya le puso fecha y ruta al desmantelamiento de las elecciones en Nicaragua. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, anunció que la primera semana de agosto someterán a votación las reformas constitucionales que legalizarán la abolición del sistema electoral actual, en cumplimiento de la orden que les dio el dictador el pasado 19 de julio.

En una entrevista concedida a medios estatales rusos, Porras confirmó que el engranaje legislativo arrancará formalmente este miércoles con una reuniónn entre la Junta Directiva del Parlamento y los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) para «no dejar ni un resquicio» a la oposición.

«La expresión de que en este país no van a volver a haber elecciones para que los enemigos del pueblo vuelvan al poder es lapidaria (…) Tienen que ser elecciones al estilo nicaragüense para los nicaragüenses», justificó Porras, utilizando la retórica antiimperialista para disfrazar la proscripción definitiva de cualquier fuerza política independiente.

Según el cronograma detallado por Porras, el régimen acelerará el trámite legislativo durante los próximos días para blindar la permanencia del FSLN en el poder.

Entre este fin de semana y principios de la próxima se introducirá oficialmente el paquete de reformas a la Constitución Política.

Se realizará un proceso de consulta relámpago limitado a las instituciones bajo control del régimen, incluyendo al Ejército de Nicaragua, la Policía, órganos de control del Estado y centrales sindicales orteguistas.

La primera votación en el plenario de la Asamblea Nacional se ejecutará en la primera semana de agosto.

Al tratarse de una reforma de rango constitucional, será refrendada en la segunda legislatura, fijada para enero de 2027.

Elecciones «al estilo nicaragüense»

El titular el operador político de la dictadura dejó claro que las reformas alterarán los periodos electivos, las condiciones de candidaturas y los mecanismos de participación, cerrando la puerta a cualquier financiamiento o figura opositora que el régimen considere «un lacayo del imperio».

«Van a ser las elecciones del pueblo nicaragüense, para elegir nuestras autoridades nacionales y municipales con los periodos que establezcamos y los candidatos y condiciones que establezcamos», advirtió Porras.

Los opositores ya están vetados para participar en elecciones

El régimen justifica el cambio constitucional bajo el argumento de establecer «elecciones al estilo nicaragüense» para frenar supuestas injerencias externas. Según Porras, las reformas buscan impedir la participación de candidatos financiados desde el exterior a quienes calificó como «lacayos del imperio».

El discurso sobre el resguardo de la soberanía evade el entramado legal y represivo con el que el régimen ya ha neutralizado cualquier competencia política.

La cúpula opositora y los principales liderazgos fueron despojados de su nacionalidad nicaragüense, una medida que conlleva automáticamente la pérdida de sus derechos civiles y políticos.

La legislación actual exige a cualquier aspirante presidencial una residencia continua en el país de al menos cuatro años antes del proceso electoral, una condición de imposible cumplimiento para dirigentes que permanecen desterrados.

El proceso de consulta anunciado por el parlamento se realizará exclusivamente entre organismos e instituciones bajo el control directo del Ejecutivo. Las organizaciones de la sociedad civil independientes, partidos opositores y gremios críticos fueron cancelados legalmente y sus integrantes perseguidos o forzados al exilio.

La condena internacional ante el giro totalitario

La decisión de erradicar la competencia partidaria y rediseñar las reglas electorales —que hasta tras las reformas del año pasado mantenían formalmente un periodo presidencial de seis años— se da en un contexto de amplio rechazo internacional.

El anuncio de Porras se produce a pocas horas de que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, recordara al régimen que «todas las personas de cualquier tendencia política deben poder votar y postularse a cargos públicos», una exigencia democrática que la dictadura busca neutralizar por la vía del hecho consumado antes de que termine el mes de agosto.