Opositores piden a la OEA declarar ilegítimo al régimen y plantea una transición con elecciones libres
La oposición nicaragüense pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) declarar ilegítimo al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y reconocer la "ruptura del orden constitucional" en Nicaragua, en una proclama difundida en el marco del aniversario de las protestas de abril de 2018.
El documento itulado "Abril, mes de la memoria y la coordinación para la libertad" plantea una hoja de ruta para una transición democrática que incluye un gobierno provisional, elecciones libres bajo observación internacional y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Además plantean procesos de justicia internacional para las víctimas de la represión.
Los firmantes llaman a la OEA a adoptar una resolución que "reconozca formalmente la ilegitimidad del régimen Ortega-Murillo", apoyándose en antecedentes como los cuestionados resultados de las elecciones de 2021 y los pronunciamientos de Estados Unidos sobre la crisis interna. La petición promueve una respuesta hemisférica más contundente frente a la crisis nicaragüense.
Los opositores, también proponen avanzar en la aplicación de justicia internacional contra los responsables de la represión, al señalar la necesidad de investigar y sancionar crímenes de lesa humanidad, en línea con los señalamientos de organismos como el Grupo de Expertos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Una hoja de ruta para la transición
Más allá del llamado diplomático, el texto recoge un plan político interno. Entre sus puntos centrales plantea la derogación de las leyes consideradas represivas, la restitución de derechos ciudadanos y la creación de condiciones para el retorno seguro de exiliados. También propone la depuración de las instituciones de seguridad, incluyendo la Policía y el Ejército, como parte de un proceso de justicia transicional que garantice verdad, reparación y no repetición.
La iniciativa incluye además la construcción de un "Plan de Nación" consensuado y la articulación de la oposición dentro y fuera del país, con énfasis en la no violencia y en la necesidad de una narrativa común que evite fracturas internas.
Entre otras cosas, reconocen el peso de la diáspora nicaragüense, estimada en al menos el 20% de la población, y la reconce como un actor clave tanto en la presión internacional como en el eventual proceso de reconstrucción democrática.
La proclama se inscribe en el contexto del aniversario de las protestas de abril de 2018, que dejaron más de 300 nicaragüenses asesinados, según organismos de derechos humanos.
Al mismo tiempo, el documento cuestiona la narrativa oficial que ha intentado resignificar abril como "mes de la paz", y la contrapone con lo que describe como un sistema de control basado en la represión, la persecución política y el cierre de espacios cívicos.
