EE.UU. sanciona al viceministro Luis Cañas en el aniversario de abril y en memoria de las víctimas de 2018
La Administración de Donald Trump sancionó este 18 de abril al viceministro del Interior del régimen, Luis Cañas Novoa, al declararlo inelegible para ingresar a Estados Unidos por su participación en graves violaciones de derechos humanos.
La medida, anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, se produce apenas dos días después de las sanciones dirigidas a Maurice y Daniel Edmundo Ortega Murillo y al entramado del negocio del oro vinculado al régimen, en una nueva escalada de presión contra el aparato represivo que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo.
"La Administración Trump continúa responsabilizando a la dictadura Murillo-Ortega por las brutales violaciones de derechos humanos contra los nicaragüenses. Estoy designando al viceministro del Interior de Nicaragua, Luis Roberto Cañas Novoa, por su papel en violaciones de derechos humanos", informó Rubio a través de su cuenta en la red social X.
La decisión, dice el comunicado oficial, es en conmemoración del octavo aniversario de la Rebelión de Abril y la memoria de los al menos 325 asesinatos que continúan impunes.
La sanción fue oficializada mediante una designación pública bajo la Sección 7031(c), una herramienta legal que permite al Gobierno estadounidense restringir el ingreso a su territorio a funcionarios extranjeros vinculados a corrupción o violaciones graves de derechos humanos. En la práctica, la decisión bloquea cualquier posibilidad de entrada de Cañas Novoa a Estados Unidos.
El señalamiento contra Luis Cañas Novoa no es nuevo. Su nombre ha aparecido en informes sobre la estructura de mando de la represión estatal. En 2025, el Grupo de Expertos de Naciones Unidas sobre Nicaragua lo incluyó entre los funcionarios vinculados a la cadena de responsabilidades en violaciones a derechos humanos, reforzando los señalamientos sobre su papel dentro del Ministerio del Interior.
El ejecutor de la represión migratoria
Luis Cañas Novoa es identificado como una pieza operativa fundamental dentro del Ministerio del Interior.
Desde su cargo, ha supervisado políticas de control migratorio que organismos internacionales denuncian como herramientas de persecución política, incluyendo la negación de pasaportes a exiliados, el destierro de opositores y la cancelación de miles de organizaciones de la sociedad civil.
Su nombre ya había cobrado relevancia en 2025, cuando el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU lo vinculó con la cadena de mando responsable de crímenes de lesa humanidad, resaltando su rol en la privación de derechos fundamentales y la muerte civil de los ciudadanos críticos al régimen.
