Nicaragua, ocho años de abril: la rebelión que el régimen no ha logrado borrar
Ocho años después, abril sigue siendo una herida abierta que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no ha conseguido cerrar. La rebelión ciudadana de 2018, que comenzó como una protesta contra reformas al Seguro Social y escaló en un reclamo nacional que exigía la entrega del poder, fue aplastada con fuerza letal. Sin embargo, su rastro persiste, al igual que la demanda de justicia, verdad y rendición de cuentas.
Hoy, Nicaragua no vive las jornadas masivas de protesta que marcaron 2018, pero el país continúa atravesado por las consecuencias de ese histórico alzamiento ciudadano. La represión ya no se expresa en las calles, sino en un entramado más amplio de vigilancia, censura, destierro y control institucional que ha reconfigurado la vida los nicaragüenses, dentro y fuera del territorio.
El saldo de abril sigue siendo uno de los puntos más profundos en la historia reciente del país: más de 300 personas fueron asesinadas y miles se vieron forzadas al exilio. A esto se suman centenares de presos políticos en distintos momentos, así como la legalización del destierro y la desnacionalización.
Lejos de abrir espacios de diálogo o reformas que resolvieran la crisis por la vía pacífica, Ortega y Murillo consolidó un modelo de control que ha cerrado el espacio cívico. Las protestas están prohibidas de facto, y el país vive bajo un estado policial diseñado para sofocar cualquier intento de organización o disidencia.
Ese patrón ha sido documentado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, que concluyó que en el país se han cometido violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos, en un contexto de persecución dirigida contra voces críticas. En su más reciente informe, los investigadores advierten que estas prácticas no son hechos aislados, sino parte de una política orientada a neutralizar cualquier forma de oposición real o percibida.
El informe del Grupo de Expertos concluyó que en Nicaragua opera una maquinaria represiva estructurada y financiada desde el Estado, que ha evolucionado desde la represión abierta de 2018 hacia un sistema más sofisticado de control político y social.
El reporte también identifica prácticas podrían constituir crímenes de lesa humanidad, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y persecución sistemática que ha alcanzado una dimensión transnacional documentada por los expertos y cuyos casos más extremos son el asesinato del mayor en retiro Roberto Samcam y los atentados contra el opositor Joao Maldonado.
Los investigadores de la Organización de las Naciones Unidas identificaron la existencia de una red transnacional de vigilancia e inteligencia destinada a reprimir a opositores en el exilio. Según el informe, esta estructura involucra a instituciones estatales, cuerpos de seguridad e incluso misiones diplomáticas, y señala al canciller Valdrack Jaentschke como uno de sus operadores. "La persecución política es financiada por el Estado y se extiende más allá de las fronteras", afirmó al presentar el informe el presidente del grupo de expertos, Jan-Michael Simon, quien advirtió que el objetivo es que "nadie se interponga en el camino del régimen".
En ese contexto, opositores como la exguerrillera Dora María Téllez ha insistido en el despliegue de acciones que asfixien al régimen. "La comunidad internacional tiene la obligación de actuar, incluso con sanciones específicas y dirigidas, para que el régimen avance hacia una transición democrática", sostuvo Téllez, al destacar que el informe marca un punto de inflexión en la presión externa sobre el poder en Managua.
La falsa paz de abril que pregona el régimen
El control también se ha trasladado al plano simbólico. Desde el oficialismo se intenta imponer la narrativa de paz y normalidad. Es una estrategia de falsa normalidad como la desplegada en Semana Santa con la intención de ocultar las restricciones a la libertad religiosa con las prohibiciones a las manifestaciones religiosas fuera de los templos.
La versión oficial insiste en presentar un país en reconciliación, pero choca con un entorno marcado por la vigilancia y el temor. En ese marco, este 18 de abril el régimen obligó a trabajadores del Estado a salir a marchar a las calles bajo la consigna "Abril, mes de la paz".
Desde inicios de mes, el aparato de propaganda sandinista ha desplegado mensajes y actividades orientadas a reforzar la imagen de los dictadores con la intension de resignificar en la memoria colectiva el sentido de abril, mes que desde 2018 quedó asociado a la protesta cívica, a la represión y a la represión que ha fracturado el país.
Para Raza e Igualdad, la situación en Nicaragua refleja un deterioro sostenido del Estado de derecho, marcado por la criminalización de la disidencia, el cierre de organizaciones civiles y la expulsión o silenciamiento de voces independientes. La organización ha advertido que el uso del destierro, la desnacionalización y la represión contra opositores constituye una forma de castigo político que profundiza la crisis de derechos humanos.
El cerco al periodismo que no logran silenciar
En estos ocho años de abril, el periodismo independiente ha sido un blanco de ataque de ataque del régimeN. Redacciones completas operan desde el exilio, mientras dentro del país la información circula bajo condiciones cada vez más limitadas. Aun así, la documentación de abusos, denuncias y testimonios continúa alimentando la memoria de lo ocurrido.
Un informe reciente de Reporteros Sin Fronteras y el colectivo Las Exiliadas documenta que el régimen ha ejecutado durante dos décadas una estrategia sostenida para desmantelar la prensa, dejando amplias zonas de Nicaragua sin acceso a información independiente.
El reporte traza una línea directa entre la represión desatada en abril de 2018 y la fase más agresiva contra el periodismo: cierres, confiscaciones, cárcel y exilio. El saldo es un país con más de 60 medios clausurados, cientos de periodistas expulsados y un 65% del territorio convertido en "zonas de silencio", donde informar se volvió imposible.
Sin embargo, incluso fuera de sus fronteras, la prensa nicaragüense no ha desaparecido. Redacciones desplazadas, plataformas digitales y redes internas -muchas bao anonimato- sostienen el flujo informativo en condiciones extremas. Ocho años después de abril, el periodismo no solo documenta la memoria de la represión: se ha convertido en una de sus principales formas de resistencia y en un contrapeso frente a los intentos por borrar lo ocurrido sin rendir cuentas por los crímenes, las violaciones a los derechos humanos y la impunidad que persiste.
En la víspera de esta octava conmemoración del estallido social de abril, Raza e Igualdad instó a impulsar resoluciones firmes en el marco de la Organización de los Estados Americanos que reconozcan la persistencia de graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua y exijan acciones concretas del Estado. Asimismo, llamó a fortalecer y garantizar la continuidad de los mecanismos internacionales de monitoreo e investigación, incluido el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros órganos independientes.
La organización también abogó por incrementar la presión diplomática mediante sanciones individuales dirigidas a responsables de violaciones graves, en conformidad con el derecho internacional. A ello sumó la necesidad de reforzar la protección de las personas nicaragüenses en el exilio, con garantías de no devolución, acceso a mecanismos de protección internacional y reconocimiento de su situación de riesgo.
Además, Raza e Igualdad planteó avanzar en acciones de responsabilidad internacional, incluida la posibilidad de remitir el caso de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por incumplimientos de tratados clave, y mantener al país como una prioridad en la agenda global. También señaló la urgencia de investigar y sancionar la represión transnacional contra nicaragüenses en el exilio, garantizando su protección y acceso efectivo a la justicia. Además, advirtió el riesgo de una "peligrosa normalización de la crisis", que es a lo que apunta el régimen.
