Ministerio del Interior levanta “prohibición” de ingreso a nicaragüenses vetados por represión política

Nicaragüenses víctimas de la represión migratoria del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han comenzado a recibir notificaciones del Ministerio del Interior en las que se les informa que su retorno al país ha sido "autorizado".

En los mensajes, las autoridades de Interior, bajo la dirección de Luis Cañas, señalado como operador clave de la estrategia de restricción migratoria, comunican de forma escueta que "el ingreso a nuestro país está autorizado", sin ofrecer explicaciones sobre las razones del cambio ni detallar las condiciones en las que se permitirá el retorno.

Desde 2021, el régimen Ortega-Murillo comenzó a implentar el veto migratorio como método de represion política contra  opositores, periodistas, activistas, empresarios, defensores de derechos humanos y religiosos. La medida se escaló de forma masiva alcanzando a ciudadanos que en algún momento expresaron descontento y fueron fichados como "traidores", quedando en un exilio forzado tras ser impedidos de regresar al país.

El pico de denegaciones de ingreso comenzó a aumetar en 2024, al principio cientos de ciudadanos fueron notificados en aeropuertos y puestos fronterizos sin explicación oficial y otros incluso regresados en caliente del aueropuerto internacional en Managua. Rápidamente el régimen afinó sus métodos y utilizó a las aerolíneas con conexiones a Nicaragua para notificar las negativas previo al vuelo de retorno. 

Una fuente del Ministerio del Intreior explicó en ese momento que el régimen destinó personal para filtrar a los pasajeros en una base de datos que se actualiza constantemente con información de la Policía, el Ejército y otras instituciones, además de un equipo que rastrea en internet.

Aunque es la primera vez que el Interior envía avisos de levantamiento del veto migratorio, esa concesión ya se ha venido aplicando de manera discrecional a figuras con influnecia, previo a alcanzar acuerdos individuales, como ha sido el caso de la influencer Valeria Sánchez y la exreina de belleza Farah Eslaquit.

Una herramienta de control político

El veto migratorio contra nacionales forma parte de los mecanismos de represión destinados a imponer una espiral de silencio entre opositores reales o percibidos y sus familiares documentó en uno de sus informes el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua que junto a otros organismos internacionales ha documentado estas prácticas como violaciones al derecho a la libre circulación y al retorno al propio país.

Hasta ahora, el régimen no ha emitido una comunicación pública oficial que explique el alcance de estas autorizaciones, que según fuentes consultadas por DESPACHO 505 siguen siendo selectivas.

Las fuentes advierten que estas notificaciones deben interpretarse con cautela, dado "el historial de arbitrariedad en los controles migratorios". Recuerdasn que son abundantes los casos de ciudadanos que han sido retenidos en aeropuertos o rechazados en frontera pese a no existir una prohibición formal vigente.

El aparente levantamiento parcial de estas restricciones ocurre en un contexto de creciente escrutinio internacional por violaciones a derechos humanos en Nicaragua, incluidas prácticas como el despojo de la nacionalidad, las confiscaciones, el destierro y el bloqueo de ingreso sin explicación.

Analistas consideran que este movimiento podría responder a presiones externas o a una estrategia del régimen para reducir costos políticos frente a denuncias reiteradas por represión y control de la movilidad.

Sin embargo, persisten dudas sobre la seguridad jurídica de quienes decidan regresar, en un país donde el retorno no garantiza el fin de la vigilancia, la persecución o la imposición de nuevas restricciones.

Así ha operado el veto migratorio del régimen

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua identificó que la maquinaria de control migratorio con fines de represión política del régimen ha estado a cargo del Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Migración y Extranjería, que solicitaba a las compañías de transporte internacional los listados anticipados de pasajeros con destino a Nicaragua.

Aerolíneas y empresas de autobuses enviaban estas listas, que luego eran cruzadas con bases de datos actualizadas de personas consideradas “no gratas” por el régimen.

Funcionarios de Migración complementaban esta información con búsquedas en internet y redes sociales. Cualquier publicación, vínculo o actividad considerada “sospechosa” podía derivar en la apertura de un expediente que determinaba la prohibición de ingreso.

En esos casos, días antes del viaje, las empresas de transporte notificaban al pasajero por WhatsApp, correo electrónico o llamada telefónica, que tenía prohibida la entrada a Nicaragua, sin mayor explicación, y le remitían a autoridades que, en la práctica, no respondían a las apelaciones.

Organismos internacionales advirtieron que impedir el ingreso al propio país vulneraba derechos fundamentales, como la libertad de circulación, el derecho a elegir residencia y la protección contra injerencias arbitrarias en la vida familiar. Estos derechos están consagrados en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 31 de la Constitución Política de Nicaragua.