Siete años «en la oscuridad»: el encierro ilegal de Jaime Navarrete tras cumplir su condena

Jaime Navarrete cumplió la condena que le impuso el régimen sandinista el 23 de enero de 2023. Han pasado tres años y dos meses desde entonces y continúa recluido en régimen de aislamiento en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, en Tipitapa, sin sustento legal que justifique su permanencia.

Su caso es evidencia de la saña del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra quienes se han manifestado en su contra, incluso pasando por encima de las propias resoluciones del sistema judicial que controla.

Navarrete, de 42 años, ha sufrido prisión política dos veces desde el estallido social que Ortega y Murillo mandaron a reprimir con fuerza letal en 2018. Fue parte del primer gurpo de presos políticos y recapturado en 2019 tras haber sido excarcelado bajo la Ley de Amnistía que benefició a los ciudadanos detenidos en el contexto de las protestasa antirégimen.

En esta segunda detención, fue acusado de posesión de drogas y tenencia ilegal de armas, cargos que organismos de derechos humanos han señalado como parte de procesos judiciales fabricados para blanquear la prisión política.

El 2 de octubre de 2019, el juez Melvin Vargas lo condenó a tres años y seis meses de prisión. En la misma sentencia se estableció que la fecha de cumplimiento de pena sería el 23 de enero de 2023. Pese a ello, Navarrete no ha sido liberado.

"Han sido casi siete años de oscuridad y sufrimiento. Todo este tiempo siento como si yo también estuviera presa", dice a DESPACHO 505 su madre, Margine Blandón, quien de manera incansable ha denunciado la situación sin obtener  respuesta.

Blandón reclama que su hijo continúe en prisión a pesar de que hasta ya cumplió la sentencia del "juicio político" que enfrentó y señala que se trata de una violación directa a sus derechos, porque han llegado al punto de ignorar una resolución judicial firme.

Las condiciones en las que se encuentra agravan la situación. Según su madre, permanece aislado en una celda y con severas restricciones de visitas. "A mi hijo solo lo puede visitar una misma persona, una vez al mes. No permiten que otros familiares lo vean", revela.

Navarrete fue detenido por primera vez el 15 de junio de 2018, tras participar en las protestas contra las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). En ese momento, la Fiscalía, en coordinación con la Policía, le fabricó cargos por homicidio y tenencia ilegal de armas. Aunque fue condenado a 22 años de prisión, recuperó su libertad el 10 de junio de 2019 bajo la Ley de Amnistía, que lo reconoció como preso político.

Sin embargo, un mes y 14 días después fue recapturado. En esta ocasión, fue acusado de posesión de drogas y tenencia ilegal de armas, y posteriormente condenado el 2 de octubre de 2019 a tres años y seis meses de prisión, además de una multa de 9,358 córdobas.

Esperanza en la libertad

Su caso ha seguido un patrón común en Nicaragua bajo el régimen Ortega-Murillo: recapturas, nuevos cargos y prolongación de la prisión más allá de los límites legales.

Para su familia, la única esperanza es que su caso sea visibilizado y que, finalmente, se cumpla la sentencia que el sistema judicial dictó. "Dios me ha dado fuerzas para seguir adelante y mantener viva la esperanza de ver a mi hijo en libertad", afirma Blandón.

"A pesar de este dolor extremo y de todo el sufrimiento que he tenido que soportar, mantengo la expectativa de que este calvario llegue a su fin", añade la madre, para quien la reciente excarcelación de la exdiputada indígena Nancy Henríquez representa una señal alentadora.

Esa esperanza también se sostiene en el anuncio de Rosario Murillo, quien informó que en la primera semana de abril serían liberadas personas privadas de libertad que "cumplieron con el tiempo establecido" en prisión. Posteriormente, la misma codictadora confirmó que la cifra de excarcelados ascendería a 1,200 reos de distintos penales, el próximo Miércoles Santo, 1 de abril.