Corrupción y malversación de fondos: la ONU destapa una «red oculta» dentro del FSLN para financiar la represión en Nicaragua

La represión, vigilancia y control sobre la oposición en Nicaragua se financia mediante la corrupción y el desvío de fondos públicos a través de una estructura organizativa paralela dentro del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Así lo revela el último informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas, presentado este martes.

La movilización de paramilitares en los dos primeros meses de la represión en 2018, le costó a los nicaraguenses más de cinco millones de dólares, pero las operaciones para mantener el control sobre cualquier manifestación de oposición se mantienen a la fecha.

"En 2018, el Gobierno se enfrentó a una necesidad imprevista de fondos para poner en marcha amplias operaciones de seguridad con el fin de sofocar los disturbios. En este contexto, se consolidó dentro del FSLN una estructura organizativa paralela —bajo el mando de Rosario Murillo, que era entonces vicepresidenta, y del secretario administrativo nacional del FSLN, Fidel Antonio Moreno Briones—, oculta para la mayoría de los miembros del partido", detalla el informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El Grupo de Expertos basa estos hallazgos en testimonios de funcionarios públicos y la revisión de más de 1.700 documentos, incluyendo nóminas, correos electrónicos y registros presupuestarios.

“La persecución política es financiada por el Estado, ejecutada a través de sus instituciones y se extiende más allá de las fronteras para garantizar que nadie —absolutamente nadie— se interponga en el camino del régimen” ha señalado mediante una declaración el presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua, Jan-Michael Simon.

Maquillaje financiero y cotizaciones infladas

El informe revela cómo se extraen recursos de las arcas del Estado para fines represivos. Se ordenó a instituciones y alcaldías desviar porciones de sus presupuestos, específicamente de partidas destinadas a bonos económicos y asistencia social, debido a que eran más fáciles de malversar.

Fidel Moreno coordina a un equipo de asociados de confianza, expertos en auditoría y finanzas, para transmitir órdenes y asegurar que el financiamiento de la represión se disfrace dentro de los procesos contables oficiales.

Durante la "Operación Limpieza" en 2018, se utilizaron fondos municipales etiquetados para proyectos de "limpieza", "asistencia humanitaria" o "relaciones públicas" que nunca se ejecutaron.

Según la investigación, el Frente Sandinista agrupa instituciones estatales en "carteras temáticas" dirigidas por miembros veteranos del partido. Estas carteras utilizan empresas vinculadas al FSLN y testaferros para emitir cotizaciones infladas por servicios inexistentes, dando una apariencia de legalidad al desvío de fondos.

El Grupo de Expertos identificó 13 proyectos de este tipo financiados por el presupuesto del Gobierno central en municipios de los departamentos de Carazo, Granada, Managua, Masaya y Matagalpa, de uno a tres meses de duración. La ejecución de estos proyectos coincidió con el lanzamiento de la Operación Limpieza.

Así se organizó el desvío de fondos  

A finales de mayo o principios de junio de 2018, a través de Fidel Moreno, Rosario Murillo ordenó a las autoridades de varias instituciones públicas y alcaldías que desviaran porciones de sus presupuestos para financiar la acción represiva. Siguiendo instrucciones presidenciales, Moreno convocó una reunión en la alcaldía de Managua en la que participaron la Presidenta Ejecutiva del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, Guiomar Aminta Irías Torres, secretarios políticos departamentales del FSLN y, según se informa, secretarios políticos del FSLN de al menos seis instituciones públicas, incluidos cuatro ministerios.

Estas entidades fueron convocadas porque sus presupuestos incluían partidas destinadas a bonos económicos y asistencia social a la población, que podían ser fácilmente malversadas o desviadas.

Durante esta reunión, Fidel Moreno ordenó que una parte del presupuesto de cada entidad se reasignara a financiar la logística de las operaciones de los grupos armados progubernamentales y otros gastos vinculados a la represión. Guiomar rías transmitió esta orden a varias autoridades municipales y secretarios políticos departamentales del FSLN y supervisó su aplicación en los municipios bajo control del partido.

Además de estas "transacciones financieras encubiertas", el FSLN se ha venido financiando a lo largo de los años no solo a través de las contribuciones de los militantes del partido, sino también a través de contribuciones obligatorias de los empleados públicos, incluidos los miembros del poder judicial. El Grupo ha confirmado que varios empleados públicos que no acataron esta norma sufrieron represalias.

Utilización generalizada de recursos

Más allá del dinero, el informe documenta el uso indebido de bienes públicos para la represión, incluyendo vehículos oficiales e instalaciones del Estado.

Se insta a los Estados a iniciar investigaciones penales y procesamientos utilizando la jurisdicción extraterritorial o universal contra los perpetradores de crímenes de lesa humanidad y otros crímenes internacionales identificados en el informe.

Además, llaman a mantener e imponer nuevas sanciones legales (congelamiento de activos y prohibiciones de viaje) contra individuos, entidades e instituciones responsables o cómplices de las violaciones.

Se pide a las instituciones financieras y proveedores de servicios en el ámbito de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo que apliquen una diligencia debida reforzada en materia de derechos humanos. El objetivo es evitar que los sistemas de cumplimiento (compliance) sean utilizados indebidamente por el Estado nicaragüense para la persecución política.