Rosario Murillo, la gran jefa de la red de persecución, espionaje y ataques a nicaragüenses en el exilio
El cerebro de la represión transnacional para perseguir a opositores nicaragüenses en cualquier lugar del mundo es Rosario Murillo. Ella es identificada como la voz de mando de la estructura de jerarquía vertical de vigilancia e inteligencia destinada a identificar, monitorear, hostigar, difamar y atentar contra opositores en el exilio fichados como “enemigos”.
De acuerdo con el más reciente informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas, el régimen ha desarrollado una completa red transnacional en la que participan instituciones estatales, el servicio diplomático, redes partidarias del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y mecanismos de espionaje digital para disuadir, castigar y silenciar al exilio nicaragüense.
El informe advierte que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia destinada a impedir la reorganización de la oposición y consolidar el control político del régimen.
Una arquitectura de inteligencia dirigida desde la cúpula del poder
El informe describe un sistema de vigilancia multicapa y altamente coordinado, que permite al régimen extender su aparato represivo fuera del país.
“La vigilancia transnacional se orquesta mediante una arquitectura de inteligencia multicapa que involucra al ejército, la policía, otras instituciones estatales, el servicio diplomático y actores no estatales”, señala.
Este sistema de persecución transnacional opera a través de una estructura jerárquica con un componente político y otro operativo.
En la cima de esta arquitectura se encuentra el núcleo que define los objetivos y autoriza las acciones contra opositores. Según el informe, las decisiones estratégicas han sido adoptadas por Rosario Murillo, el asesor presidencial en seguridad e inteligencia, el viceministro de Gobernación y altos dirigentes del FSLN.
“Al más alto nivel, las decisiones han sido tomadas por la Sra. Murillo, el asesor presidencial en seguridad e inteligencia, el viceministro de Gobernación y altos dirigentes del FSLN”, identifican los investigadores.
Este grupo determina qué opositores o críticos deben ser vigilados o perseguidos; clasifica a las personas en “categorías de amenaza” y ordena las medidas a ejecutar, que incluyen vigilancia, intimidación digital, seguimiento físico o la negación de documentos oficiales.
Luego , las órdenes son transmitidas a distintas instituciones estatales, embajadas y estructuras partidarias encargadas de ejecutar las operaciones.
Embajadas son plataformas de vigilancia
El informe señala que el servicio diplomático ha sido utilizado como parte de la estructura de control sobre los nicaragüenses refugiados en el exterior.
En varias embajadas se ha instalado personal de inteligencia militar encargado de recopilar información sobre opositores exiliados. Además, muchos embajadores cumplen simultáneamente funciones como secretarios políticos del FSLN en sus sedes diplomáticas, coordinando el monitoreo de exiliados y reportando directamente a la “Presidencia”.
Entre las figuras señaladas por el Grupo de Expertos aparece Valdrack Jaentschke Whitaker, quien entre 2021 y 2023 fue asignado a las embajadas de Nicaragua en Guatemala, Honduras y Costa Rica.
Según doce fuentes citadas en el informe, Jaentschke desempeñó un papel relevante en la coordinación de la estrategia de persecución transnacional y en la articulación de redes de inteligencia en la región.
Espionaje digital, informante, operaciones encubiertas y reclutas de criminales
La ejecución de las operaciones recae principalmente en el aparato de inteligencia del Ejército, en particular en la Dirección de Inteligencia de Defensa y la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia.
Estas estructuras coordinan acciones que incluyen: espionaje digital, elaboración de perfiles de opositores, seguimiento físico, reclutamiento de informantes y operaciones encubiertas en el extranjero.
La red también incorpora militantes del FSLN, funcionarios encubiertos e informantes -nicaragüenses y extranjeros- que recopilan información sobre reuniones, actividades políticas, vínculos familiares y movimientos de opositores.
En algunos casos, según el informe, se establecen acuerdos informales con individuos vinculados a redes criminales para vigilar o intimidar a exiliados, con el objetivo de evitar que las operaciones puedan rastrearse directamente al Estado.
Telcor: centro de vigilancia digital y campañas de difamación
La represión también se extiende al ámbito digital. El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) participa en el monitoreo de redes sociales y en la interceptación de comunicaciones de opositores en el extranjero.
A partir de esta información se desarrollan campañas de hostigamiento en línea, lideradas por periodistas progubernamentales, influencers afines al oficialismo y redes de trolls vinculadas a la Juventud Sandinista.
"Las víctimas son rastreadas digitalmente mediante el hackeo de cuentas, software espía, monitoreo de redes sociales e interceptación de comunicaciones. Muchas son víctimas de doxing y acoso en línea, incluyendo amenazas de muerte y campañas de desprestigio coordinadas llevadas a cabo por trolls y redes de bots vinculadas a la Juventud Sandinista, estructuras del FSLN y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR). Estas campañas a menudo implican acusaciones penales falsas, incluyendo presuntos vínculos con el narcotráfico o el terrorismo", señala el informe.
Estas campañas suelen incluir acusaciones falsas de narcotráfico, terrorismo o lavado de dinero con el objetivo de dañar la reputación de los exiliados y obstaculizar sus procesos de asilo o regularización migratoria.
Amenazas, ataques y asesinatos
El informe también documenta seguimientos, amenazas y agresiones físicas contra opositores exiliados.
Los casos más graves se han registrado en Costa Rica y Honduras, aunque también se reportaron incidentes en España, Bélgica, Guatemala y Estados Unidos.
Entre ellos destaca el asesinato en junio de 2025 del mayor retirado Roberto Samcam, crítico del régimen, quien fue abatido a tiros en su vivienda en San José, Costa Rica.
Otro caso es el del opositor Joao Maldonado, quien sobrevivió a dos ataques armados, uno de ellos en 2024, que dejó a su pareja, la abogada Nadia Robleto, con lesiones permanentes.
Según los expertos de la ONU, estos hechos han generado un clima de miedo entre los exiliados, marcado por la sensación permanente de estar vigilados y el temor a represalias.
