Siete presos políticos en estado crítico por negación de salud y trato degradante en las cárceles del régimen
Nancy Henríquez ha sufrido una pérdida de fuerza incapacitante, dificultad para articular palabras y episodios recurrentes de pérdida de memoria. El caso de la líder indígena miskita, encarcelada desde octubre de 2023, ilustra con crudeza el deterioro acelerado de la salud de los presos políticos en las cárceles del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El progresivo colapso físico de Henríquez, sin diagnóstico ni tratamiento, se ha convertido en un ejemplo extremo del abandono y alto riesgo que enfrentan los reos de conciencia.
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas ha alertado de manera particular sobre la situación de Henríquez y de otros seis presos políticos que presentan signos evidente de deterioro asociado a la falta de atención médica. Se trata de Walner Ruiz, afectado por una inflamación ocular severa y constantes dolores de cabeza; José Meza con complicaciones crónicas de próstata tras once años de encierro sin adecuada supervisión sanitaria; y Argüello Celso, cuya movilidad está cada vez más limitada por infecciones fúngicas avanzadas.
Se añade a la lista Jaime Navarrete, que carga desde su detención con una deformación mandibular provocada por golpizas nunca tratadas; Ignacio Celso Lino, con un cuadro persistente de dolor abdominal que no ha sido evaluado; y Jairo Obando, prácticamente imposibilitado de caminar debido a infecciones de hongos que tampoco han recibido atención médica oportuna desde que fue confinado en prisión en el año 2014.
Los siete reos incluiodos en la lista oficial de reos conciencia en Nicaragua presentan síntomas que, según la organización, comprometen seriamente su vida y evidencian un patrón de desatención deliberada.
El caso de Nancy Henríquez especialistas advierten que presenta signos que podrían estar vinculados a un deterioro neurológico acelerado sin que haya recibido evaluación médica alguna. Su situación, advierten que se ha convertido en una carrera contra el tiempo.
El Mecanismo menciona que en los casos de Walner Ruiz, Manuel Urbina Lara y Jaime Navarete y Walter Balmaceda su condición es agravada por la exposición reiterada a celdas selladas, espacios sin ventilación donde las temperaturas alcanzan niveles sofocantes. "Una práctica que excarcelados han descrito como dimilar a estar en el desiertopor el calor y la falta de ventilación", menciona la organización.
La salud de José Meza, preso desde 2014, se ha ido desmoronando en silencio. El reo presenta complicaciones serias de próstata y una combinación de dolencias crónicas que se han intensificado bajo condiciones de reclusión extremas. Ninguna de ellas ha sido atendida. La ausencia de exámenes médicos durante más de una década ha convertido lo que pudo ser tratable en un cuadro potencialmente irreversible.
Según el Mecanismo, los siete casos revelan un patrón sistemático: síntomas graves que avanzan en silencio dentro de un sistema penitenciario que niega deliberadamente asistencia médica, incluso en situaciones que comprometen la vida de los detenidos.
"Negar atención médica a personas bajo custodia del Estado constituye trato cruel, inhumano y degradante, según los estándares internacionales de derechos humanos" recuerda el Mencanismo. No obstante, en Nicaragua, esa práctica se ha institucionalizado como práctica frente a quienes son detenidos por motivos políticos.
Según la más reciente actualización de listado de prisioneros políticos del Mecanismo, 46 personas continúan como rehenes del régimen Ortega-Murillo: 43 hombres y 3 mujeres. De estos, 33% (15) son adultos mayores cuyas enfermedades preexistentes se han agravado en prisión.
Además, denuncian que 22% (10) de las personas incluidas en la lista permanece en condición de desaparición forzada, es decir sin paradero oficial ni acceso a visitas familiares o defensa legal. A ello se suma un 45% (21) de reos políticos clasificados en otras categorías de vulnerabilidad sin riesgo crítico.
El Mecanismo denuncia que enentre las violaciones a sus derechos dentro de las prisiones está la negación sistemática de salud, el etnocidio simbólico indígena que afecta a liderazgos indígenas a quienes se les prohíbe incluso usar su lengua y se estigmatiza su cultura; se añade el silencio forzado y subregistro asociado a la falta de denuncia por miedo a represalias, algo que alcanza a los familiares de las víctimas.
