Ataque de turbas sandinistas costará al Estado más de medio millón de dólares, ordena la Corte IDH
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado de Nicaragua por el ataque perpetrado por turbas sandinistas contra el exconcejal liberal Jaime Chavarría Morales y varios miembros de su familia durante el proceso de verificación ciudadana de julio de 2008, en Managua, previo a las elecciones municipales de ese año.
En la sentencia del caso Chavarría Morales y otros vs. Nicaragua, leída este miércoles en la sede del Tribunal en San José, los jueces concluyeron que “el Estado nicaragüense incurrió en múltiples violaciones a derechos humanos derivadas de los ataques ocurridos el 27 de julio de 2008 y de los posteriores actos de intimidación que se prolongaron durante años”, según afirmó el presidente de la Corte, Rodrigo Mudrovitsch.
La Corte ordenó al Estado indemnizar a las víctimas con un total de 535.000 dólares, una reparación que abarca daños materiales e inmateriales: desde las pérdidas económicas provocadas por el ataque hasta el sufrimiento físico y psicológico, así como el impacto en la vida familiar de los afectados. Se trata de una reparación integral que reconoce la gravedad de la agresión y sus consecuencias prolongadas.
En aplicación del principio de equidad y tomando en cuenta la gravedad de las violaciones acreditadas, el tribunal fijó indemnizaciones directas para cada una de las víctimas.
El principal afectado, Jaime Antonio Chavarría Morales, deberá recibir 50,000 dólares, mientras que Jaime Antonio Chavarría Alonso obtendrá 45,000 dólares.
Para los otros familiares el tribunal estableció compensaciones que oscilan entre 40,000, 30,000 y 25,000 dólares, dependiendo del grado de afectación reconocido-
Además, el Estado de Nicaragua está obligado a pagar 15,000 dólares por concepto de costas y gastos legales, que deberán ser distribuidos entre los representantes de las víctimas.
El fallo también dispone que Nicaragua reembolse 3,965.67 dólares al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas del Sistema Interamericano, que financió parte del litigio ante la Corte.
La sentencia establece que todas las indemnizaciones deberán pagarse en un plazo máximo de un año desde la notificación del fallo y sin deducciones fiscales. En caso de retraso, el Estado deberá asumir intereses moratorios.
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La agresión
El ataque contra Jaime Chavarría Morales y su familia ocurrió el 27 de julio de 2008, cuando la víctima principal fungía como fiscal electoral en un centro del Distrito Cuatro de Managua. Chavarría impugnó las actuaciones del coordinador y de los técnicos encargados del proceso, a quienes señaló por cerrar el centro pese a que aún había ciudadanos pendientes de verificar sus datos, así como por negarse a recibir documentación conforme a los procedimientos establecidos. Minutos después de la denuncia, comenzaron las agresiones.
Los hechos se desarrollaron en el contexto de las elecciones municipales de 2008, un proceso marcado por denuncias de irregularidades y un clima creciente de tensión política.
Según la Corte, el caso se inscribe en un período de debilitamiento de las instituciones democráticas en Nicaragua, que se intensificó a partir de 2007 y generó un ambiente de hostilidad y persecución contra sectores opositores. En ese escenario, la agresión contra Chavarría y su familia no fue un hecho aislado, sino parte de un patrón de violencia tolerado y avalado por el Estado.
Durante el proceso investigativo, la Corte determinó que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no garantizó el acceso a la justicia, ni protección a las víctimas y aunque el Ministerio Público (MP) presentó acusaciones contra varios de los presuntos responsables de la agresión, estas fueron rechazadas en tres ocasiones por autoridades judiciales. El proceso fue archivado en mayo de 2016.
En el fallo, el juez Rodrigo Mudrovitsch, de origen brasileño, señaló que las amenazas, el acoso y el hostigamiento contra los miembros de la familia Chavarría, continuaron años posteriores, con la finalidad, que desistiera de la causa y en 2014, uno de los integrantes tuvo que abandonar el país debido al asedio policial.
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos también determinó que se vulneraron los derechos a la integridad personal de Cindy Alicia, Jeffer Joaquín y Jaime Antonio Chavarría Alonso, todos, hijos de don Jaime Chavarría Morales.
