Exigen borrar a Bayardo Arce de la lista de presos políticos
La Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua (UPPN) exigió al Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas que borre de inmediato a Bayardo Arce Castaño, de 76 años, de su lista oficial. La organización sostiene que su inclusión viola de forma abierta los estándares internacionales fijados por el Consejo de Europa en 2012 y advierte que mantenerlo en el registro desvirtúa la causa de los presos políticos y pone en riesgo la credibilidad del propio mecanismo.
Según la UPPN, el ex asesor presidencial purgado por Rosario Murillo y condenado por delitos de lavado de dinero fue partícipe de la represión de 2018 contra manifestantes que exigían un cambio de gobierno. Insisten en que su perfil “no cumple con la exigencia de demostrar de manera consistente la motivación política en escenarios de represión estructural ampliamente documentados por organismos internacionales”.
“La UPPN desconoce el reconocimiento de cualquier persona operaria, ejecutora, coautora o creadora de la maquinaria unificada de represión del régimen bajo la categoría general de ‘persona presa política’ sin la debida distinción cualitativa que el contexto nicaragüense demanda”, señaló el organismo.
La organización agregó que, como integrantes del mecanismo, no reconocen a Bayardo Arce Castaño como preso político, sino como “sujeto de persecución política intra-régimen, derivada de una purga estructural y fundamentada en la doctrina de opinión política imputada”.
En julio de 2025, Bayardo Arce Castaño -considerado el arquitecto del modelo de “Diálogo y Consenso” entre el sector privado y el régimen- fue detenido y acusado por el delito de lavado de dinero. Desde entonces, permanece en condición de “desaparición forzada”, según denuncias de organismos locales de derechos humanos que lo incluyeron en la lista de presos políticos.
En enero pasado, la Procuraduría General de Justicia informó sobre una condena contra Arce por una supuesta red de lavado de dinero que habría blanqueado alrededor de 4.989 millones de dólares. No obstante, sus hijos calificaron la situación como un “castigo político dirigido, severo y fuera del marco de la ley”.
Exigen rectificación de la lista
La UPPN exigió al Mecanismo “abandonar la verificación mecánica y adoptar definiciones cualitativas calificadas que respeten la verdad material”, al considerar que sus listados son insumos para organismos internacionales, instituciones políticas y medios de comunicación.
Por ello, demandan “una rectificación pública de las listas existentes que violen el principio de no equiparación entre víctima y victimario”.
Ademas instan al Mecanismo a ceñirse a su deber ético y jurídico de presentar información que no “contamine la memoria histórica colectiva” ni revictimice a quienes sufrieron persecución directa del régimen.
El 26 de febrero, el Mecanismo actualizó su lista de presos y presas políticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en la que incluyó a Arce, exasesor presidencial y dirigente histórico del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
¿Por qué fue reconocido como preso político?
De acuerdo con el informe del Mecanismo, la decisión se fundamenta en irregularidades verificadas en su detención, procesamiento y condiciones de encarcelamiento.
Según estándares internacionales de derechos humanos, una persona puede ser considerada presa política cuando su privación de libertad ocurre sin garantías de debido proceso, con motivación política, mediante aplicación selectiva de la ley o como represalia por el ejercicio de derechos fundamentales.
El Mecanismo concluyó que el caso de Arce porque documentó que sufrió detención arbitraria, allanamiento de su vivienda sin garantías, congelamiento de bienes y cuentas, falta de garantís para ejercer una defensa independiente, persecución extendida al entorno familiar e incomunicación.
En su momento, el organismo sostuvo que el caso del exasesor presidencial encaja en tipologías de aplicación selectiva de la ley y vulneración manifiesta del debido proceso, en un contexto de persecución política.
