La Administración Trump arrecia presión contra la «dinastía familiar ilegítima» de Ortega y Murillo
En un mensaje de confrontación diplomática directa, la administración Trump calificó este jueves al poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo como una "dinastía familiar ilegítima" y advirtió que sus agentes de represión están provocando una "inestabilidad regional" que amenaza la seguridad del hemisferio.
Tras el anuncio de nuevas sanciones contra cinco alto funcionarios del régimen en instituciones como el Ejército, Telcor, el Ministerio del Trabajo y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Washington aseguró que no detendrá su ofensiva hasta lograr la rendición de cuentas de quienes han optado por "perseguir al clero católico" y "desterrar a la sociedad civil".
La declaración emitida por el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, marca una escalada en la retórica de la Casa Blanca hacia Managua. Ya no se trata solo de sanciones administrativas, sino de una postura de seguridad nacional.
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Estados Unidos sostiene que la consolidación del poder del régimen no es solo un problema interno, sino un factor que ha "incitado la inestabilidad regional". Por ello, advierten que usarán su poderío para enfrentar a quienes "amenazan la seguridad nacional de los Estados Unidos" en el hemisferio.
Insiete en la liberación de presos políticos
Desde 2018, recordó la Administración Trump, la dictadura "Murillo-Ortega" ha reprimido violentamente las protestas pacíficas y ha detenido, torturado y asesinado injustamente a opositores políticos. En ese sentido, reiteró su llamado por la liberación de los presos políticos.
"eiteramos nuestro llamado a la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en Nicaragua", declaró Tommy Pigott, el portavoz adjunto del Departamento de Estado.
Esta "dinastía familiar ilegítima" también ha perseguido al clero católico y ha optado por silenciar y desterrar a los medios de comunicación independientes y a las organizaciones de la sociedad civil.
Estados Unidos recordó cómo desde el 2018, el régimen ha aumentado su control sobre el Estado y los ciudadanos. La Asamblea Nacional, por orden de Ortega y Murillo, reescribió la Constitución de Nicaragua para garantizar que las instituciones gubernamentales castiguen a los opositores políticos y permitan la vigilancia y el control arbitrarios de los sistemas de telecomunicaciones.
La dictadura ha cometido abusos laborales sistemáticos y utiliza las estructuras de seguridad para vigilar y silenciar a cualquiera que perciba como una amenaza para su control del poder. Los funcionarios sancionadas este jueves encabezan las agencias gubernamentales responsables de estos actos de represión.
