Quiénes son y de qué acusa Estados Unidos a los nuevos sancionados del régimen Ortega Murillo
Cinco altos mandos del Ejército, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y Telcor fueron alcanzados este jueves por sanciones de Estados Unidos, que los señala de operar el "aparato de vigilancia y represión" de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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Washington cerró el cerco sobre estas instituciones al sancionar a sus segundos al mando, cuyos cabecillas ya han sido sancionados, acusándolos de "instrumentalizar" leyes y tecnología para espiar civiles, confiscar bienes y perseguir sistemáticamente a la oposición en Nicaragua. También ha sido sancionada la ministra del Trabajo.
Denis Membreño y Aldo Sáenz: La "instrumentalización" de la UAF
El Departamento del Tesoro estadounidense señala al mayor general en retiro Denis Membreño Rivas (director) y al excomisionado policial Aldo Martín Sáenz Ulloa (subdirector) de convertir la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en un arma política.
Según la Administración Trump, la dictadura ha utilizado las leyes contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para "aumentar su capacidad de represión política contra los opositores".
La UAF, señalan, mantiene un "monitoreo constante de las entradas de dinero desde el extranjero" con el fin de bloquear recursos a la sociedad civil. Además, los señala como responsables de "liquidar los activos de disidentes políticos, presos políticos y organizaciones no gubernamentales sin ninguna base legal".
Leonel Gutiérrez López: El brazo del espionaje militar
Sobre el mayor general Leonel José Gutiérrez López fue sancionado como jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar (DICIM), cargo que ha desempeñado por más de diez años.
La DICIM es calificada como una de las estructuras más "opacas y poderosas del Ejército de Nicaragua". Estados Unidos sostiene que esta dirección es central para el monitoreo de manifestantes, periodistas y defensores de derechos humanos.
Se le señala de coordinar con la policía para "asegurar a toda costa que no haya oposición al régimen" y vigilar incluso a militares retirados considerados "desleales".
Celia Margarita Reyes: La vigilancia digital desde Telcor
La subdirectora de Telcor, Celia Margarita Reyes Ochoa, es vinculada directamente con el aparato de inteligencia tecnológica.
Bajo la dirección de la dictadura, Telcor funciona como un componente central de un "amplio aparato de vigilancia e inteligencia".
El Tesoro destaca que, tras la aprobación de la Ley General de Telecomunicaciones Convergentes de 2024, Reyes y la institución cuentan con autoridad para "recopilar datos privados, interceptar comunicaciones y geolocalizar individuos".
Se menciona además la vinculación de la entidad con el manejo de "granjas de troles" para el acoso y ciberataques contra opositores. Nahima Díaz, directora de Telcor e hija del director de la Policía, también está sancionada.
Johana Vanessa Flores: Explotación y "competencia desleal"
La ministra del Trabajo, Johana Vanessa Flores Jiménez, es sancionada bajo argumentos que vinculan los derechos laborales con la seguridad económica de los inversores.
El Tesoro cita un informe de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos de octubre de 2025 donde se concluye que la dictadura "ha explotado a sus propios trabajadores".
Sostienen que bajo su gestión se han generado "condiciones de competencia desleal" y se han "confiscado los intereses de propiedad de instituciones religiosas y empresas estadounidenses", creando un entorno de alto riesgo para la inversión extranjera.
