El régimen traspasa el control de las minas a la Procuraduría para blindar el negocio del oro ante sanciones
La Asamblea Nacional controlada por el oficialismo aprobó este miércoles la "Ley para adscribir la Dirección General de Minas a la Procuraduría General de Justicia". La reforma, enviada por los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, despoja al Ministerio de Energía y Minas (MEM) de sus facultades sobre el sector extractivo para trasladarlas a la Procuraduría General de Justicia (PGJ), bajo el mando de Wendy Morales Urbina.
Con esta nueva ley, la Dirección General de Minas se convierte en una instancia adscrita a la PGJ a través de la Procuraduría Nacional para la Defensa del Medio Ambiente. A partir de ahora, la Procuraduría no solo actuará como el brazo legal del Estado, sino como el ente administrador que decidirá quién explota los recursos minerales del país.
A la Procuraduría se le otorga el poder de gestión de concesiones y licencias mineras y canteras; podrá tramitar, negociar, otorgar, suspender o cancelar concesiones de acuerdo con sus criterios y tendrá el manejo absoluto del Sistema de Catastro minero nacional.
Todos los recursos financieros, bienes inmuebles, vehículos y sistemas informáticos que pertenecían a la Dirección de Minas pasan ahora al inventario de la Procuraduría General de Justicia inventada por Rosario Murillo.
Maniobra para evadir sanciones de Estados Unidos
La Dirección General de Minas fue sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos el 24 de octubre de 2022. En ese momento, Washington señaló que era utilizada por el régimen de Daniel Ortega para gestionar el sector del oro y generar ingresos para "oprimir al pueblo nicaragüense".
Analistas y defensores ambientales consideran que este movimiento busca crear un "paraguas legal" para proteger las transacciones mineras. Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, advierte que el régimen busca "capear las sanciones de Estados Unidos que ya tenía la Dirección General de Minas", intentando desvincularla de su estructura original para mantener el flujo de divisas que genera el oro, el principal producto de exportación del país.
El factor China
Para Ruiz, el cambio también responde a la necesidad de facilitar la entrega de concesiones a los nuevos socios chinos. "Este cambio se da para manejar la entrega de concesiones y los contratos públicos-privados con los nuevos socios del régimen", señaló, destacando que la Procuraduría ofrece una estructura más hermética y discrecional para estos acuerdos.
Con esta reforma, el antiguo Ministerio de Energía y Minas pierde su razón de ser original y pasa a denominarse simplemente "Ministerio de Energía", quedando relegado a funciones de planificación eléctrica e hidrocarburos. La ley entra en vigencia de inmediato tras su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.
