Congresistas de EEUU promueven ley para golpear las finanzas del régimen Ortega-Murillo
Los congresistas republicanos Christopher Smith y María Elvira Salazar presentaron un nuevo proyecto de ley para imponer severas sanciones económicas contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo Y exigir responsabilidades por sus crímenes contra la Iglesia Católica y la sociedad civil nicaragüense.
Se trata de la Ley de Restauración de la Soberanía y los Derechos Humanos en Nicaragua de 2026 (HR 7055) que contempla un esquema de sanciones selectivas que persiguen cortar el oxígeno económico a la dictadura vía inversiones y fuentes de financimiento y/o asistencia financiera.
La norma, explicó el congresista Smith, tienen como el fin de exigir rendición de cuentas por los abusos contra el pueblo nicaragüense, "incluidas las personas de fe, líderes de oposición y presos políticos, ha sufrido durante demasiado tiempo bajo la opresión del régimen de Ortega-Murillo".
La ley contempla prohibir prohibir inversiones estadounidenses en sectores vinculados al régimen, oponerse a prestar asistencia financiera de fuentes multilaterales e implementar sanciones selectivas, colocando a la dictadura de Nicaragua "bajo vigilancia" y buscando aumentar la presión internacional sobre Ortega y Murillo para que adopten elecciones libres y justas y pongan fin a la represión política.
La congresista María Elvira Salazar que en septiembre de 2025 había adelantado que entre sus prioridades dentro del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara estaba impulsar la ley para presionar por el retorno a la democrática en Nicaragua, calificó a Ortega y Murillo como "dictadores despiadados que han secuestrado a Nicaragua aterrorizan a su propio pueblo, silencian a la Iglesia, aplastan la libertad de expresión y destruyen la democracia porque temen a un pueblo libre".
Más dura que la NICA Actualmente y la Renacer
La Ley de Restauración de la Soberanía y los Derechos Humanos en Nicaragua de 2026 amplía y enmienda legislaciones previas, como la NICA Act de 2018 y la RENACER Act de 2021, fortaleciendo sanciones económicas, prohibiendo asistencia financiera e inversión estadounidense en Nicaragua, y reforzando la importancia de proteger los derechos humanos y garantizar el retorno a la democracia por la vía del voto y el cese de la represión.
Además proponen la activación de sanciones selectivas contra sectores económicos que generen ingresos para la familia Ortega‑Murillo. En definitiva, contempla un golpe certero a las finanzas que hasta la fecha han sostenido a la dictadura en Nicaragua.
Entre los elementos clave de la ley se incluyen la penalización de arrestos y procesamientos por motivos políticos, el respaldo a líderes religiosos y grupos opositores silenciados, el financiamiento de programas de derechos humanos y democracia, la documentación de abusos cometidos desde abril de 2018, y el planteamiento de preocupaciones ante instancias internacionales sobre la crisis de derechos humanos y democracia en Nicaragua.
El economista y excarcelado político Juan Sebastián Chamorro resaltó el cambio estratégico de esta iniciativa al pasar a mecanismos más focalizados que impactan directamente la estructura de poder del régimen Ortega‑Murillo, al tiempo que envían un mensaje sobre la vigilancia internacional de los abusos y la erosión de la democracia en el país.
"Es evidentemente una consecuencia de lo que está pasando en Venezuela y Cuba, y es un recordatorio a dictadores Ortega y Murillo que su apego a los Castro, los Maduro y a los Ayatolas en Irán constituye una amenaza al hemisferio Occidental y a los valores democráticos de los pueblos, en particular del pueblo de Nicaragua", sostuvo,
