Escalada represiva en Nicaragua: 60 detenciones por opinar, celebrar o callar sobre la captura de Maduro
Al menos 60 detenciones arbitrarias se han registrado en Nicaragua tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, confirmó la plataforma Monitoreo Azul y Blanco que identifica las redadadas como una nueva fase de persecución política en el país.
Hasta el 9 de enero de 2026, los arrestos y retenciones ocurrieron en al menos ocho departamentos y se realizaron sin órdenes judiciales, basados únicamente por opinar, comentar en redes, celebrar en privado o negarse a difundir la propaganda oficial sobre Maduro.
De acuerdo con el informe, 49 personas permanecen detenidas sin información oficial sobre su situación legal, mientras que nueve fueron liberadas tras ser arrestadas. Además, se reportan tres retenciones temporales y un total de 18 incidentes, entre detenciones colectivas e individuales.
Las acciones represivas se concentran en Chontales, Matagalpa, Managua, Jinotega, Chinandega, Estelí, Granada y Masaya, así como en las regiones del Caribe Norte y Sur, evidenciando un patrón de alcance nacional.
"La persecución se extiende por todo el territorio nacional", alertan.
De acuerdo con la organizción, los arrestos fueron ejecutados sin órdenes judiciales y dirigidos contra personas que expresaron opiniones relacionadas con la captura de Maduro, celebraron el hecho o, incluso, guardaron silencio. Para defensores de derechos humanos, estas prácticas constituyen graves violaciones a las libertades fundamentales, en un país donde el espacio cívico se encuentra severamente restringido desde las protestas de 2018.
"El patrón confirma una política de castigo ejemplarizante contra cualquier forma de disidencia", señala el Monitoreo Azul y Blanco en su comunicado, en el que advierte sobre el uso sistemático de la detención arbitraria como mecanismo de control social.
La organización hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que mantenga la vigilancia sobre Nicaragua y exija el respeto a los derechos humanos. "Esta nueva ola represiva requiere atención inmediata", subraya el informe.
El jueves, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) alertó a la comunidad internacional a monitorear la situación en Nicaragua y a exigir que ninguna persona sea objeto de persecución o represalias por manifestar su postura tras la captura del dictador venezolano.
DESPACHO 505 ha confirmado, a través de diversas fuentes, que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha redoblado las labores de espionaje político en el país tras el operativo de Estados Unidos que llevó a Maduro a una prisión en ese país. Además de la vigilancia en los barrios, activada apenas con las primeras noticias del bombardeo en Caracas el 3 de enero, el oficialismo ha desplegado una voraz estrategia mediática que articula a su aparato oficial con propagandistas y troles en redes sociales.
El seguimiento a la operación de espionaje ha permitido identificar que se centra en reforzar la narrativa prochavista mediante la saturación de los medios oficialistas con contenidos producidos por aliados internacionales de Venezuela y en identificar a traidores, incluso dentro de las propias filas sandinistas. La agresiva operacion se despliega mientras Daniel Ortega y Rosario Murillo mantienen una inusual cautela diplomática, expresada en un discurso libre de los habituales epítetos antiimperialistas y de confrontación directa contra Estados Unidos, al que hasta antes de la caída de su principal socio llamaban "yankee enemigo de la humanidad".
En ese contexto, Raza e Igualdad recordó que El uso de mecanismos de vigilancia estatal para intimidar, perseguir o sancionar a personas por sus opiniones o publicaciones -en barrios o en plataformas digitales- es una forma de represión indirecta que estrecha el espacio cívico y democrático.
Por su parte, el colectivo Monitoreo Azul y Blanco anunció que continuará verificando los casos y dando seguimiento a todas las personas privadas de libertad por razones políticas, mientras familiares de los detenidos denuncian incomunicación y falta de información sobre su paradero.
