El caso de César Noé Castillo, víctima de la represión letal de 2018, será juzgado por la Corte IDH
César Noé Castillo murió tras recibir un balazo en el tórax el 20 de abril de 2018, mientras auxiliaba a un manifestante herido por policías y paramilitares en el parque central de Estelí. Fue una de las primeras víctimas de la fuerza letal desplegada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para neutralizar las protestas, inicialmente provocadas por una reforma inconsulta a la Seguridad Social y que se extendió a nivel nacional debido al hartazgo social tras más de una década de permanencia en el poder.
La muerte de Castillo, de 42 años, es parte de más de 300 crímenes cometidos en el contexto de las manifestaciones ciudadanas que permenece impune y fue presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como un caso emblemático sobre el uso de la fuerza letal por parte de agentes policiales durante las protestas sociales en Nicaragua.
Según la CIDH, pese a la gravedad de la lesión, César Noé Castillo fue dado de alta en dos ocasiones sin que conste una atención médica adecuada. El 12 de mayo murió a causa de una insuficiencia respiratoria aguda derivada de la herida de bala. El responsable -concluyó la CIDH- es el Estado de Nicaragua.
Un crimen impune y una familia exiliada
La organización logró documdentar que la investigación penal abierta tras la muerte de Castillo fue archivada bajo el argumento de que el autor del disparo era desconocido. En 2019, el caso fue cerrado de manera definitiva tras la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, norma ampliamente cuestionada por organismos internacionales de derechos humanos por consolidar la impunidad de crímenes cometidos durante la represión estatal. Los familiares de la víctima denunciaron además amenazas y hostigamiento, lo que los obligó a abandonar el país.
En su Informe de Fondo 49/25, la CIDH concluyó que el Estado de Nicaragua no logró demostrar que sus agentes no realizaron disparos contra manifestantes durante las protestas de abril de 2018, incluido César Noé Castillo. La Comisión destacó que la víctima era un civil desarmado, que no ejercía violencia, y que, por tanto, existían alternativas menos lesivas para el control de la manifestación. El uso de la fuerza letal fue calificado como arbitrario.
El organismo también señaló graves deficiencias en la respuesta posterior al ataque: ausencia de documentación sobre una atención médica oportuna, falta de diligencias esenciales en la investigación judicial y el cierre definitivo del caso mediante la amnistía. La CIDH valoró además el impacto de estos hechos en los familiares de la víctima, quienes han sufrido las consecuencias de la impunidad y el desplazamiento forzado, en particular la hermana de Castillo Castillo y su familia.
Piden justicia, reparación y no repetición
La Comisión concluyó que "el Estado de Nicaragua es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, reunión y salud", así como de las garantías judiciales y la protección judicial, tanto en perjuicio de la víctima como de sus familiares. También atribuyó al Estado la violación de los derechos a la protección de la familia, a la circulación y residencia y de los derechos de la niñez, en relación con varios de los afectados.
Ante la Corte Interamericana, la CIDH solicitó un conjunto de medidas de reparación, entre ellas compensaciones económicas, garantías de retorno seguro para los familiares exiliados, atención en salud física y mental, la reapertura de una investigación penal ordinaria sin invocar amnistía ni prescripción, y la adopción de garantías de no repetición. Estas incluyen reformas legislativas, revisión de protocolos sobre el uso de la fuerza, capacitación de las fuerzas de seguridad y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
La demanda de justicia para Castillo pone de nuevo bajo la mirada internacional la actuación del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo durante la represión de las protestas de 2018, que dejaron centenares de muertos, miles de heridos y exiliados.
