Washington aprieta al régimen sin asfixiar: las claves de la carga arancelaria impuesta a Nicaragua
La decisión de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) de imponer aranceles graduales a ciertos productos nicaragüenses en vez de suspender al país del CAFTA-DR, como había advertido en octubre, es un giro calculado que está muy lejos de darle una tregua al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es suficiente para meter presión política, pero sin generar un terremoto económico. Apunta a propiciar una salida a la crisis que vive Nicaragua desde abril de 2018, valora el politólogo y director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano, Manuel Orozco.
El analista explica que la moratoria que contempla la medida anunciada este 10 de diciembre es el plazo que el Gobierno estadounidense le está dando al régimen para resolver la grave situación de violaciones de derechos en el país y, también para "darle tiempo a las empresas si quieren reubicarse".
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Se trata de un movimiento que, aunque no era el esperado, permite a Washington desplegar un esquema de asfixia en los primeros dos años, bajo una especie de régimen de golpe selectivo: la medida establece su impacto en la regla de origen, un elemento clave para determinar qué productos pueden acceder a los beneficios comerciales.
De acuerdo con el experto de Diálogo Interamericano, de esta manera Estados Unidos suspende los beneficios arancelarios a productos nacionales que utilizan insumos de terceros países, especialmente de China, y que no cumplen los requisitos del tratado.
Orozco estima que un 40% de las importaciones de Nicaragua entran ya fuera de CAFTA-DR, sea por exceder cuotas o por no encajar en esa regla de origen, lo que deja claro que no se trata una afectación menor.
Tiempo para que inversionistas salgan de Nicaragua
Sin embargo, Orozco subraya que el aspecto más relevante, y al que menos atención se le ha prestado, es el periodo que Estados Unidos otorga para el traslado empresarial. Ese plazo, explica, brinda a los inversionistas estadounidenses en Nicaragua el tiempo necesario para abandonar el país y reubicar sus operaciones en otros Estados que forman parte del CAFTA-DR.
"Al ejercer una presión creciente sobre Nicaragua para que revierta sus actos, políticas y prácticas, la implementación gradual de dos años debería dar a las empresas el tiempo necesario para trasladar sus operaciones a otros países del CAFTA-DR", cita Orozco, retomando el antepenúltimo párrafo del Aviso del Registro Federal que detalla la determinación y las acciones del Representante Comercial de EE. UU.
De acuerdo con su lectura, la decisión de suspensión de Nicaragua del CAFTA-DR o la imposición de más aranceles depende de la ruta que adopte el matrimónio Ortega y Murillo: una salida democrática o hundir al país económicamente.
Coincidencia con año electoral
Otro elemento que el el politólogo Manuel Orozco llama a tomar en cuenta es que la aplicación de la primera etapa del esquema arancelario gradual (2026-2027) coincide con el momento en que el régimen estaría obligado a convocar elecciones presidenciales.
El cronograma no es casual. La presión diplomática y económica podría intensificarse antes incluso de que concluya el primer año, anticipa Orozco: "No sorprendería que la presión política preceda al 10% durante todo 2026".
En noviembre de 2027 se deberán celebrar elecciones presidenciales en Nicaragua y, según el ajuste arancelario establecido, a partir del 1 de enero de ese año Estados Unidos comenzará a gravar las importaciones nicaraguenses fuera del CAFTA-DR con un arancel del 10 por ciento, una carga que se sumará al arancel del 18% correspondiente al arancel recíproco vigente que impuso en agosto pasado, y que causó una caída de 53 millones de dólares en exportaciones entre julio y septiembre.
"No se suspende el 18%, pero se condiciona a aumentar a un año bajo esos componentes fuera de CAFTA-DR. El debate interno en Estados Unidos sobre los aranceles no beneficia la imposición de otros aranceles, por lo que los beneficios aparecen como opción viable", puntualiza.
El veridictode la USTR
Estados Unidos anunció que impondrá a Nicaragua, a partir del 1 de enero de 2026, un arancel gradual durante dos años a todas las importaciones nicaragüenses que no se originen bajo el CAFTA-DR.
La medida se adoptará bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 "para abordar los actos, políticas y prácticas de Nicaragua relacionados con abusos de los derechos laborales, abusos de los derechos humanos y libertades fundamentales, y el desmantelamiento del Estado de derecho", explicó en un comunicado la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR).
El arancel se establecerá en 0 % el 1 de enero de 2026 y aumentará al 10 % el 1 de enero de 2027 y al 15 % el 1 de enero de 2028. "Cualquier arancel se acumularía con otros, como el arancel recíproco vigente del 18 %", indicó la USTR.
Orozco sostiene que la decisión estadounidense sigue la línea más moderada que él mismo había pronosticado, y que en parte es influida por la atención de Washington en otros casos regionales, en particular la presión que despliega sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
"La decisión de hacer poco resulta en parte por los comentarios, por lo que tenían pensado (siempre sostuve que iban a ir por la opción más suave), y porque no tienen el 'bandwidth' (ancho de banda) diplomático para lidiar con Nicaragua en medio de una situación con Venezuela", anota el politólogo.
Las investigaciones de la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. sobre las posibles violaciones cometidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo comenzaron en diciembre de 2024 durante la Administración de Joe Biden.
Hasta el 19 de noviembre pasado, la USTR había recibido más de 2.000 comentarios por escrito, con lo que han determinado que "el régimen de Ortega-Murillo ha cometido o permitido una serie de abusos de los derechos laborales internacionalmente reconocidos», junto a otros «abusos de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluso contra personas y bienes estadounidenses".
