El ALBA exige a la Unión Europea levantar sanciones a funcionarios represores de Nicaragua
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP) golpeó la mesa a la Unión Europea por extender las sanciones contra altos funcionarios e instituciones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, señalados como responsables de violaciones a los derechos humanos y del desmantelamiento de la democracia en Nicaragua.
En un comunicado, el bloque calificó como “ilegales y arbitrarias” las medidas impuestas con el Consejo de la Unión Europea en 2019 y recientemente renovadas al considerar que representan “una afrenta a la dignidad” del pueblo nicaragüense.
“Nicaragua no está sola”, expresó el grupo liderado por regímenes como el de Cuba y Venezuela. Exigieron levantar las sanciones, pese a que estas están dirigidas a estructuras estatales y figuras del régimen, no a la población.
Bruselas impuso las medidas para responsabilizar a quienes han participado en “graves violaciones de derechos humanos, represión de la sociedad civil y deterioro del Estado de derecho” y como una forma de sumarse a los esfuerzos internacionales por presionar al régimen sandinista para que frene la represión.
La prolongación de las medidas fue anunciada en septiembre y recae sobre 21 funcionarios y tres instituciones de la dictadura de Nicaragua, incluida Rosario Murillo, la Policía, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor).
No obstante, el bloque ALBA integrado por Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador, la Mancomunidad de Dominica, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, y Santa Lucía; sostiene que lo actuado por Ortega y Murillo, -incluyendo crímenes de lesa humanidad- es “su derecho legítimo a vivir en paz” e inspirándose “en el legado del general Sandino”.
El ALBA también reiteró su “solidaridad irrestricta” con Ortega, Murillo y los funcionarios sancionados, a quienes describió como víctimas de ataques injustificados.
El bloque, insistió en referirse a las sanciones como una agresión. Son , dijo, una “expresión anacrónica de colonialismo y supremacismo” y las vinculó con el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, al que acusó de promover una supuesta “agenda intervencionista”.
Los sancionados
Además de Rosario Murillo, también están sancionados sus hijos Camila, Laureano y Juan Carlos Ortega Murillo; el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; la purgada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos; la exfiscal general de la República, Ana Julia Guido y Bayardo Arce, el asesor económico al que el régimen mantiene “desaparecido”. Están en la lista los jefes policiales Fidel Domínguez y Juan Valle Valle.
Las sanciones en cuestión alcanzan a los magistrados del Poder Electoral Brenda Rocha, Cairo Amador y Lumberto Campbell, así como sobre Nahima Díaz, hija del jede de la Policía Francisco Díaz; y del titular de la Superintendencia de Bancos Luis Ángel Montenegro.
También han sido sancionados Francisco Díaz, director de la Policía Orteguista; Néstor Moncada Lau, asesor presidencial en Seguridad Nacional; Sonia Castro, asesora en temas de Salud; Ramón Avellán, subdirector de la Policía; Luis Pérez Olivas, director de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) y el comisionado Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales de la institución.
Las sanciones impuestas a los 21 funcionarios del régimen e instituciones incluyen congelación de activos la Unión Europea y prohibición de viajar a territorio europeo, como respuesta a graves violaciones de derechos humanos, represión de la oposición y debilitamiento del Estado de Derecho.
