Estados Unidos a un paso de suspender a Nicaragua del CAFTA
Estados Unidos ha dado un paso firme hacia la posible suspensión de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR), tras concluir que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo incurre en violaciones sistemáticas de derechos humanos, laborales y fundamentales, además del desmantelamient del Estado de Derecho.
La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) determinó que estas prácticas crean un ambiente de alto riesgo para las empresas norteamericanas y plantea considerar la imposicion de sanciones comerciales al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio, la mas grave la expulsión del acuerdo comercial.
Según USTR, las políticas del régimen "son irrazonables y restringen el comercio estadounidense" y en consecuencia se plantea también imponer una subida del 100 % de aranceles a Nicaragua que sería nefasto para las exportaciones nacionales.
"Las acciones, políticas y prácticas del Gobierno de Nicaragua niegan a los trabajadores, ciudadanos y empresarios la equidad básica, los derechos humanos —incluyendo la seguridad personal, la libertad de asociación y de religión— y el Estado de derecho", señala el informe publicado este lunes.
En consecuencia, Washington evalúa una serie de sanciones entre las que está la suspensión total de los beneficios del CAFTA-DR, lo que eliminaría los aranceles preferenciales para las exportaciones nicaragüenses, en particular de las zonas francas, el azúcar, el café y el oro.
Golpe económico a la dictadura
La suspensión del CAFTA-DR representaría un golpe económico sin precedentes para el régimen Ortega-Murillo, ya que el acceso al mercado estadounidense es un soporte clave de las exportaciones nicaragüenses, que dependen en un tercio de ese mercado.
El CAFTA-DR está vigente para Nicaragua desde 2006. Tras casi 20 años, la mayoría de los productos que se exportan e importan hacia y desde Estados Unidos no pagan aranceles.
Más del 60 % de las exportaciones del país tienen como destino Estados Unidos, y las zonas francas —donde trabajan más de 140,000 personas— dependen casi por completo del tratado. La lista de productos que se verían afectados ante una eventual sanción económica es extensa: oro, café, carne, granos básicos, aceite, textiles de zonas francas, tabaco, ron, madera, animales, pescados, leche, huevos y frijoles.
La USTR aceptará comentarios públicos hasta el 19 de noviembre próximo, tras lo que decidirá si aplicar o no estas medidas.
En febrero pasado, el secretario de Estado, Marco Rubio, había adelantado que Washington estudiaría si expulsaba o no a Nicaragua del CAFTA, que desde su entrada en vigor en 2006 casi ha cuadruplicado las exportaciones nicaragüenses a EE.UU.
Unico país CAFTA con déficit comercial
El documento destaca que Nicaragua es el único país del CAFTA-DR con el que Estados Unidos mantiene un déficit comercial, lo que el informe considera una señal de desequilibrio económico y “pérdida de oportunidades para los trabajadores y empresas estadounidenses”.
Durante 2024, las exportaciones de Nicaragua hacia Estados Unidos alcanzaron 4,600 millones de dólares, mientras las importaciones estadounidenses hacia el país sumaron 2,700 millones, generando un déficit de 1,900 millones de dólares.
Según la USTR, este resultado refleja “el deterioro del mercado nicaragüense y las prácticas injustas del régimen”, que ahuyentan la inversión y socavan la libre competencia.
Tras el paso dado este lunes, Washington iniciará un proceso de consulta pública antes de definir las medidas finales, pero el mensaje es claro: la dictadura enfrenta el riesgo real de quedar fuera del principal acuerdo comercial que mantiene viva la economía nicaragüense.
Los abusos del régimen que ponen en riesgo la economía
El informe destaca que el régimen Ortega-Murillo ha restringido la libertad de asociación, interferido en organizaciones de trabajadores y empleadores, y permitido despidos arbitrarios, arrestos y explotación laboral, incluida la de niños en sectores peligrosos como la minería de oro y la extracción de piedra pómez. Datos recientes indican que casi la mitad de los niños entre 10 y 14 años trabajan en el país.
Además, ha documentado la represión a grupos religiosos, mediante el cierre de instituciones educativas y la confiscación propiedades, afectando incluso a organizaciones estadounidenses.
También conoció de los arrestos arbitrarios, tortura, tratos inhumanos y violencia contra opositores y ciudadanos, así como restricciones severas a la libertad de expresión y medios de comunicación.
El desmantelamiento del Estado de derecho incluye la eliminación de la independencia judicial y legislativa, imposición de multas y confiscaciones arbitrarias, y revocación del estatus legal de organizaciones empresariales. Estas acciones, según el informe, son contrarias a las normas internacionales, la constitución nicaragüense y los acuerdos regionales e internacionales suscritos por el país.
