Interpol circula a Carlos Ramón González: el protegido de Ortega y Murillo queda “preso” en Nicaragua
La oficina central de Interpol emitió una alerta internacional para localizar y capturar a Carlos Ramón Gónzález, el exjefe del Departamento Administrativo de la Presidencia de Colombia (DAPRE) que se encuentra protegido en Nicaragua bajo asilo político otorgado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murilo.
El colombiano es requerido por la justicia de su país para responder en una causa abierta por el presunto desvío de fondos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), para pagar sobornos a congresistas a cambio de apoyo legislativo al Gobierno. Entre los cargos que se le imputan se encuentran corrupción, apropiación indebida de recursos y blanqueo de capitales, todos vinculados con el caso de la UNGRD.
Tras revelarse la investigación, se confirmó que González había huido a Nicaragua, donde contaba con residencia permanente desde diciembre de 2024. Ante las diligencias de Colombia para solicitar su entrega, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo respondió otorgándole protección bajo asilo político.
Tras dos meses de investigación, sobre González pesa una notificación roja emitida por la sede en Francia de Interpol. Se trata de una "solicitud dirigida a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona a la espera de su extradición o entrega, o de una acción judicial similar".
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Extradición en manos de Ortega y Murillo
Esta notificación se fundamenta en una orden de detención o en una orden judicial expedida por las autoridades del país solicitante. Aunque Nicaragua sea miembro de Interpol, no está obligada a colaborar con otras naciones y queda a su criterio aplicar su propia legislación nacional para determinar si pueden detener a una persona.
A favor de González juega su condición de asilado en Nicaragua, explicó el abogado Jorge Mario Gómez al diario El Tiempo. Según el jurista, en su caso rige el principio de no devolución, que "prohíbe a un Estado devolver a un refugiado o asilado, por cualquier medio, a un país donde su vida o libertad corran peligro por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas".
Esto implica que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no está obligado a colaborar con la justicia colombiana, ni a facilitar información ni a entregar a González, en apego al Estatuto y textos normativos de Policía Internacional (Interpol) y de acuerdo con el principio de no devolución que le otorga el estar aislado.
En Colombia, los expertos sostienen que sobre la protección de asilo es difícil que la orden emitida por Interpol surta efecto, y el único modo de que se pueda efectuar la captura de González.
No obstante, esto deja a González con Nicaragua por cárcel. Fuera de territorio nicaraguense, González enfrenta riesgo de captura, lo que limita su movilidad internacional.
Ortega y Murillo han convertido a Nicaragua en un centro de protección para criminales y funcionarios de otros países buscados por actos de corrupción u otros delitos. En la embajada nicaragüense en Panamá permanece asilado desde el 7 de febrero de 2024, el expresidente Ricardo Martinelli, condenado por la justicia de su país a más de diez años de prisión por blanqueo de capitales en el marco del caso New Business y por estar envuelto en importantes casos de corrupción como Odebrecht, las escuchas ilegales y FCC.
En Nicaragua también se encuentran protegidos los hondureños Ebal Díaz y Ricardo Cardona López señalados en su país por actos de corrupción y fraude electoral, el expresidente Salvador Sánchez Cerén, acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en El Salvador, entre otros.
