Expulsiones, negativas de ingreso y confiscación de pasaportes: el régimen convirtió el control migratorio en un arma política
El control migratorio como método de castigo político se ha consolidado como una de las prácticas de represión que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha intensificado en los últimos años. La vigilancia es tan estricta que numerosos ciudadanos enfrentan prohibiciones de viaje, confiscaciones de pasaportes y la exigencia de permisos especiales a funcionarios sandinistas para salir del país, denuncia el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en su más reciente informe.
El Alto Comisionado alertó que esta represión migratoria ha derivado en 156 expulsiones de ciudadanos nicaragüenses y 52 negativas de ingreso al país en el último. La ONU subraya que estas prácticas violan el derecho a la libre circulación y a residir en el propio país, amparados en tratados internacionales suscritos por Nicaragua.
"A la mayoría de las personas expulsadas se les prohibió posteriormente regresar a Nicaragua bajo amenaza de detención y reclusión arbitrarias. Ninguna recibió una decisión por escrito ni acceso a mecanismos de apelación", señala ACNUDH.
Como ejemplo, expone el caso del periodista Henry Briceño, de 75 años, quien fue expulsado hacia Costa Rica junto a su pareja y sus dos hijos el 24 de noviembre de 2024. Para la ONU, este tipo de acciones "constituye una injerencia arbitraria en la vida familiar".
Las principales víctimas de represión migratoria son defensores de derechos humanos, religiosos, periodistas, líderes opositores y solicitantes de asilo. La ONU informó que continúa recibiendo denuncias de personas obligadas a pedir autorización a funcionarios para viajar al extranjero, y en algunos casos incluso se les confiscó el pasaporte para impedir su salida.
El informe Situación de los derechos humanos en Nicaragua, presentado este miércoles en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, detalla que de las 156 expulsiones registradas, 79 fueron hombres y 77 mujeres, incluidas ocho personas indígenas.
Prohibición de ingreso al país
El informe también documenta 52 casos de nicaragüenses a quienes se les negó el reingreso al país cuando intentaban volver por tierra o aire (27 mujeres y 25 hombres, entre ellos siete indígenas). Ninguno recibió resolución oficial. "Fue a través de correos electrónicos enviados por las empresas de transporte que se dieron cuenta de la arbitrariedad del régimen", explica el documento, que además alerta que la cifra real podría ser mayor porque muchos temen denunciar por represalias.
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La represión también se ha institucionalizado en el marco jurídico. La nueva Ley General de Migración y Extranjería (No. 761) introduce la pérdida de la nacionalidad por supuestos actos de "traición a la patria" y amplía las causas de revocación para quienes se naturalizaron. Según el ACNUDH, esta legislación “aumenta el riesgo de privación arbitraria de la nacionalidad”.
A ello se suma la reforma constitucional aprobada este año en primera legislatura que establece que la nacionalidad nicaragüense se pierde automáticamente al adquirir otra, lo que abre la puerta a situaciones de apatridia.
El informe también recuerda la revocación de la nacionalidad de 135 presos políticos expulsados a Guatemala en septiembre de 2024, quienes además fueron despojados de sus bienes mediante confiscación.
Las arbitrariedades se extienden incluso al exterior: opositores y críticos que han intentado acceder a servicios en consulados nicaragüenses reportan negativas sistemáticas, en una política que complementa la expulsión, el destierro y la denegación de entrada al país.
