Silencio, aislamiento y crueldad: Presos políticos en Nicaragua desaparecen para sus familias hasta salir de prisión
Las desapariciones forzadas se han consolidado como el castigo más extremo contra la disidencia en Nicaragua. El informe “¿Dónde más busco? Vidas suspendidas, desapariciones forzadas en Nicaragua y la resistencia de quienes les buscan”, elaborado por la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Raza e Igualdad, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha endurecido esta práctica: si antes los detenidos podían permanecer hasta 90 días sin contacto, ahora el silencio se prolonga durante todo el encierro y las familias solo vuelven a verlos cuando son excarcelados.
“Cada minuto cuenta cuando una persona es puesta fuera de la protección de la ley”, advierte el informe.
El patrón se repite: detenciones arbitrarias a manos de policías o paramilitares, ocultamiento de expedientes judiciales, audiencias secretas y negación del paradero. Aunque los familiares suelen dejar paquetes con medicinas o productos de higiene en los penales, muchas veces los presos nunca los reciben y los custodios les dicen: “No te trajeron nada”, como forma de castigo psicológico.
Dentro de las cárceles, los opositores son sometidos a aislamiento total, sin llamadas, visitas ni acceso a abogados de confianza. En ese contexto, custodios refuerzan la tortura emocional con frases destinadas a romper los vínculos familiares: “Tu familia ya te abandonó… aquí te morís”.
La violencia adquiere dimensiones específicas en el caso de las mujeres presas políticas: desnudez forzada, amenazas de difundir fotos íntimas, insultos misóginos como “maldita perra” o “puta”, y hasta amenazas de violación contra sus hijas. Además, se les niega atención ginecológica y exámenes médicos básicos, lo que agrava la vulneración de sus derechos.
El drama extendido a las familias
Para las familias, la desaparición forzada significa vivir en un limbo de incertidumbre. Muchas mujeres —madres, esposas o hijas— se convierten en “buscadoras”, recorriendo cárceles y estaciones de policía sin respuestas, enfrentando requisas humillantes y hostigamiento, además de la carga económica de sostener a un hogar empobrecido por la detención de su principal proveedor.
El informe recoge testimonios desgarradores. “¿Dónde más busco?, ¿qué más hago?, ¿ante quién denuncio?”, se pregunta una esposa de preso político citada en diciembre de 2024. La angustia, el insomnio, la depresión y el desgaste físico marcan la vida de quienes esperan noticias.
El caso de Mauricio Alonso Petri refleja el rostro más brutal de esta práctica. Detenido el 17 de julio de este año, permaneció desaparecido durante más de un mes hasta que, el 25 de agosto, su familia fue notificada en la morgue. Su muerte bajo custodia confirma que la desaparición forzada en Nicaragua puede ser también una condena a muerte.
Urge un registro público de detenciones
Las organizaciones demandan el fin inmediato de la desaparición forzada, la liberación de todas las personas presas políticas y la creación de un registro público de detenciones que garantice notificación inmediata a las familias.
También exigen el acceso a abogados de confianza, investigaciones independientes sobre muertes bajo custodia y medidas con enfoque de género que prevengan la violencia sexual y aseguren atención médica especializada.
El nuevo rostro de la desaparición forzada en Nicaragua no busca solo castigar al preso político —señala el informe—, sino prolongar el sufrimiento de sus familias y mantener a toda la sociedad bajo el miedo y el control.
