Wendy Morales dice que nueva Procuraduría es solo un cambio de nombre con “mayor rigor”
La creación de la Procuraduría de Justicia que Rosario Murillo anunció como parte de una política de mano dura contra sus propios funcionarios corruptos, la procuradora General de la República Wendy Morales, la presentó como un simple cambio de nombre y estructura.
La Asamblea Nacional, dominada por el régimen, aprobó en primera legislatura la reforma constitucional que crea la Procuraduría General de Justicia, una nueva entidad con amplias facultades para investigar, procesar y sancionar actos de corrupción.
La reforma modifica los artículos 132, 159 y 160 de la Constitución Política y fusiona la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público y otros entes estatales en una estructura única bajo control del Ejecutivo. Según el régimen, el nuevo órgano coordinará una "campaña contra los delitos de corrupción" en la que todas las instituciones deberán participar.
Durante una entrevista en el oficialista Canal 8, Morales vendió una version "light" del superórgano de justicia que, incluso, permitirá justificar las purgas en las estructuras del régimen que impulsa Murillo y que han alcanzado a cuadros históricos, como es el caso del asesor económico de Ortega y comandante de la revolución Bayardo Arce.
Según la funcionaria, la entidad tendrá como pilares "la verificación de la transparencia, la rendición de cuentas y la acción decidida contra quienes atenten contra el bienestar del pueblo", garantías que el sistema de justicia actual, bajo el control absoluto del régimen sandinista, no ofrece, según han podido documentar organismos inernacionales.
La misma procuradora reconoció que en la práctica no habrá "nada nuevo en la parte procedimental, porque las estructuras están dadas". Lo novedoso, según ella, será "esa rigurosidad en la aplicación de la ley" que estará contenida en una futura ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia.
"Se aprobó una reforma constitucional que cambia la denominación de lo que conocemos hasta hoy como Ministerio Público y Procuraduría General de la República a una Procuraduría General de Justicia, con la finalidad de ir contra todos los delitos relacionados con corrupción”, declaró Morales.
Es un mecanismo de control
El defensor de derechos humanos Braulio Abarca advirtió que la recién aprobada Procuraduría General de Justicia, no representa un verdadero esfuerzo por combatir la corrupción, sino un mecanismo para consolidar el control absoluto del sistema judicial en manos de Rosario Murillo.
Según Abarca, este nuevo órgano elimina cualquier independencia de la Fiscalía y la Procuraduría, convirtiéndose en una estructura vertical y represiva que será utilizada para persecución política y purgas internas.
Braulio Abarca, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, alertó que esta Procuraduría no representa un verdadero esfuerzo anticorrupción, sino una herramienta de control político.
“Este nuevo órgano elimina cualquier independencia, incluso la pseudo-independencia que en teoría tenían la Fiscalía y la Procuraduría. Ahora estará bajo control directo de Rosario Murillo, quien ejerce cada vez mayor poder sobre las instituciones”, señaló Abarca.
El defensor recordó que las competencias que ahora se asignan a la Procuraduría —como la investigación de corrupción, lavado de activos, narcotráfico y crimen organizado— ya existían en fiscalías especializadas. Sin embargo, la falta de independencia judicial impedía su aplicación efectiva.
Nueva Procuraduría asumirá rol del Ministerio Público en delitos comunes
Morales reconoció que la representación del Estado en juicios serán concentradas en esta nueva estructura, porque elimina las figuras separadas del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República.
Además, explicó que la Procuraduría General de Justicia asumirá también la representación de la víctima en delitos comunes, competencia que hasta ahora correspondía al Ministerio Público.
Morales insistió en que el propósito es "reforzar los mecanismos de prevención frente a conductas que afectan al Estado", destacando que la normativa penal contempla sanciones tanto para funcionarios públicos como para particulares implicados en actos de corrupción.
"El funcionario tiene que mantener un espacio de rectitud en todo su actuar, independientemente quien le ofrezca cualquier prebenda", afirmó.
No obstante, esta cruzada anticorrupción ocurre en un contexto donde el régimen concentra el poder absoluto, sin contrapesos ni fiscalización independiente, y sin antecedentes de investigaciones anticorrupción que involucren a altos funcionarios cercanos al círculo presidencial.
Según Morales, "tenemos buenas coordinaciones con todos los operadores que tienen que ver la norma penal", en alusión a las autoridades del sistema judicial y de investigación bajo control político del régimen, y señaló que estas transgresiones estarán tipificadas en los delitos relacionados con corrupción.
No hay garantías de autonomía
El defensor Braulio Abarca consdiera que la nueva figura servirá como mecanismo de persecución política, especialmente en un contexto marcado por tensiones internas en el sandinismo y purgas contra figuras históricas como el exasesor económico Bayardo Arce.
"Será una estructura vertical, sin autonomía ni garantías, que operará como un nuevo órgano represivo contra la población. No busca proteger derechos, sino fortalecer el absolutismo en Nicaragua", subrayó.
El defensor concluyó que la aprobación de esta reforma refleja el deterioro institucional y democrático del país.
"Cada vez Nicaragua se convierte más en una autocracia absoluta, donde no hay institucionalidad ni democracia. Esta reforma es otro paso en esa dirección", puntualizó.
