Declaran en desaparición forzada a detenidos en redada previa al 19 de julio
El Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas declaró este viernes en desaparición forzada a los ciudadanos arrestados por la Policía sandinista durante una redada ejecutada el pasado 17 de julio, en la víspera del 46 aniversario de la Revolución. Las detenciones, denuncian, fueron ordenadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, como parte de la nueva escalada represiva promovida desde la misma tribuna política.
Entre las al menos siete víctimas se encuentran el pastor evangélico Rudy Palacios, su hermana Jessica Palacios, así como Olga María Lara Rojas, Armando José Bermúdez Mojica y Pedro José López. Todos fueron detenidos sin orden judicial ni información oficial sobre su paradero.
El pastor Rudy Palacios, líder de la iglesia La Roca en Jinotepe, ya había sido objeto de hostigamiento por su postura crítica ante la dictadura. Durante la represión de 2018 se exilió tras la brutal Operación Limpieza ejecutada en Carazo. En 2019, su iglesia fue confiscada, y aunque intentó reabrirla, las autoridades locales se lo impidieron.
Según allegados, Palacios regresó al país en 2021 luego de ser diagnosticado con cáncer. Desde entonces, era constantemente vigilado y acosado por operadores del régimen.
El 17 de julio, agentes policiales allanaron violentamente la vivienda de los hermanos Palacios. Según testigos, irrumpieron pateando puertas, destruyeron cerraduras y decomisaron celulares, computadoras y otras pertenencias.
El Mecanismo, cuyos datos son reconocidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunció que estos casos forman parte de un patrón de represión sistemática contra voces críticas y líderes comunitarios.
"El Estado debe informar de inmediato dónde los tienen detenidos, en qué condiciones, y proceder a su liberación inmediata. Estas acciones son propias de una dictadura que criminaliza el pensamiento independiente", exige la organización en su pronunciamiento.
Previo a las detenciones, el Mecanismo contabilizaba 54 presos políticos en Nicaragua. En la lista de encarcelados desaparecidos se encuentran activistas, militares y ciudadanos que han expresado públicamente su desacuerdo con el régimen. Muchos de ellos enfrentan condiciones inhumanas de reclusión, falta de acceso a atención médica y restricciones al contacto con sus familias, lo que agrava su situación, especialmente en el caso de los adultos mayores.
Organizaciones opositoras afirman que estos secuestros forman parte de una estrategia de intimidación para silenciar cualquier forma de disidencia, incluso en el ámbito religioso y comunitario.
El silencio de las autoridades sobre el paradero de los detenidos refuerza el carácter arbitrario de las capturas, que organismos nacionales e internacionales consideran parte de un patrón de crímenes de lesa humanidad.
