Dictadura aprueba reglamento que somete toda inversión extranjera al poder de Laureano Ortega
La Asamblea Nacional controlada por la dictadura aprobó este martes —sin debate y por trámite de urgencia— el reglamento de la Ley 1240 de Inversiones Extranjeras, que centraliza todo el control de capitales internacionales en manos de Laureano Ortega Murillo, hijo de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Desde ahora, ninguna inversión extranjera podrá operar legalmente en Nicaragua sin autorización política directa de la familia Ortega Murillo, que se reserva incluso el derecho de cancelarla si no cumple con sus criterios discrecionales.
El reglamento crea la Comisión Nacional de Inversión Extranjera (CNIE), que será presidida por Laureano Ortega. Según el artículo 2, las decisiones se adoptarán por mayoría simple, pero en caso de empate, Laureano tiene “voto dirimente”, es decir, la última palabra. La CNIE también estará integrada por funcionarios clave del régimen: el presidente del Banco Central, el ministro del MIFIC y el director de Zonas Francas.
La Ley establece que solo podrán operar quienes cuenten con el Certificado de Registro Único de Inversión Extranjera (RUIE), emitido por el MIFIC. El nuevo reglamento, aprobado este martes, detalla que si un inversionista no registra su proyecto ante la Dirección de Inversiones del MIFIC, “no podrá realizar actividad económica en el país”.
Pero más grave aún es que la calificación de “inversión estratégica”, que da acceso a mayores facilidades, queda completamente a la interpretación de la CNIE. El artículo 8 menciona apenas tres criterios generales: monto de inversión, generación de empleos y alineación con “lineamientos estratégicos nacionales”. No hay cifras mínimas ni sectores priorizados, y la CNIE puede “incorporar otros criterios por sector” a discreción.
Trámites trimestrales, vigilancia continua
Todos los inversionistas deberán presentar cada tres meses un “informe de cumplimiento al plan de inversión” ante las entidades del régimen. Estos informes serán evaluados por un comité técnico interinstitucional, cuya coordinación también recae en una dependencia controlada por Laureano Ortega.
Este nivel de fiscalización sin precedentes en la región es visto por analistas como una herramienta de chantaje político y presión económica, en manos de un régimen que no tolera actores independientes.
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El artículo 15 permite la cancelación del Registro si el inversionista incumple el contrato, las disposiciones de la ley o decide cerrar operaciones. No hay referencia a procedimientos de apelación ni recursos administrativos, lo que deja a los empresarios a merced de decisiones arbitrarias, sin garantías ni defensa.
Incluso las empresas que ya operan en el país deberán reinscribirse bajo esta nueva normativa, y presentar una extensa documentación notariada, incluyendo proyecciones de inversión a cinco años, certificados de beneficiario final, solvencias municipales, del INSS, y más.
Puertas abiertas para China
La aprobación de este reglamento ocurre en un contexto donde empresas de origen chino han incrementado su presencia en el país, especialmente en sectores como infraestructura, telecomunicaciones y comercio. Estas inversiones, muchas veces sin regulación ni competencia leal, desplazan a empresas locales y responden a intereses geopolíticos alineados con la dictadura.
Con este nuevo marco legal, el régimen se reserva el derecho de definir quién invierte, cómo y en qué condiciones, consolidando un modelo de capitalismo autoritario donde la inversión solo es bienvenida si es funcional al poder familiar.
