Tres de cada diez presos políticos son adultos mayores enfermos y sin atención médica
Tres de cada diez presos políticos en Nicaragua son adultos mayores. Muchos de ellos padecen enfermedades crónicas y están encarcelados sin acceso a atención médica adecuada, lo que los expone a un deterioro físico acelerado y condiciones que el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas califica como una forma de tortura prolongada.
Así lo revela el informe más reciente de este organismo de derechos humanos, que documenta la situación en los centros de detención del régimen entre febrero y abril de 2025. El documento reporta un total de 52 personas detenidas por razones políticas: 45 hombres y 7 mujeres. De ellos, 15 son adultos mayores, es decir, casi el 29% del total.
El informe detalla que 33 ya han sido condenados, mientras 19 permanecen detenidos sin juicio ni sentencia firme. Además, 14 personas están en condición de desaparición forzada: el régimen se niega a brindar información sobre su paradero, salud o situación jurídica, incluso ante sus familiares.
Los adultos mayores enfrentan un riesgo particular dentro del sistema penitenciario. Están recluidos en celdas sin ventilación, muchos duermen en el suelo o sobre colchonetas deterioradas y sufren enfermedades como hipertensión, diabetes, afecciones cardíacas, renales y neurológicas. El Estado no garantiza chequeos médicos adecuados, tratamientos ni medicamentos, lo que pone sus vidas en constante riesgo, según denuncia el Mecanismo.
“El encierro para una persona de 60, 70 o más años en estas condiciones no es solo una condena ilegal, es una forma de tortura prolongada”, afirma el informe.
Aislados
A ello se suma una alimentación deficiente, basada casi exclusivamente en arroz y frijoles en porciones mínimas, sin nutrientes esenciales. El agua es de baja calidad, y el acceso a agua potable depende de que las familias puedan costear su envío.
El informe también registra maltrato psicológico, aislamiento extremo, hostigamiento y requisas degradantes, incluso hacia adultos mayores con visibles signos de deterioro físico. En muchos casos, los traslados a centros médicos son negados o postergados indefinidamente, pese a solicitudes urgentes.
Estas condiciones violan múltiples tratados internacionales de derechos humanos, incluyendo la Convención contra la Tortura, las Reglas Mandela, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores.
Además de las condiciones en prisión, el informe revela que entre marzo y abril se registraron al menos 20 nuevas detenciones arbitrarias. Siete personas fueron liberadas, pero el paradero de las otras 13 aún no ha sido confirmado, debido a la censura, el miedo y la represión generalizada.
El Mecanismo exige la liberación inmediata e incondicional de todas las personas presas políticas, con especial prioridad para quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, como los adultos mayores. También hace un llamado urgente a la comunidad internacional para que redoble la presión sobre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y se ponga fin a esta política de persecución y violencia institucional.
