La ONU pide retirar reforma constitucional en Nicaragua: “Si se adopta, marcará el fin de las libertades”

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk pidió al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo retirar las “extremadamente preocupantes” reformas constitucionales enviadas esta semana a la Asamblea Nacional —y que ya han sido aprobadas en primera legislatura— porque podrían amenazar aún más el estado de derecho y acabar con las libertades fundamentales de los nicaragüenses. 

“Si se adoptan, estos cambios marcarán el fin de las libertades fundamentales y el estado de derecho en Nicaragua, erosionando aún más los ya profundamente frágiles controles y equilibrios que quedan sobre el poder ejecutivo”, dijo el Alto Comisionado de la ONU.  

La reforma a la Constitución Política de Nicaragua establece que será la Presidencia de la República, dirigida por dos “co presidentes”, Daniel Ortega y Rosario Murillo, serán quienes “coordinarán” a los demás poderes del Estado: Legislativo, Judicial y Electoral.  

Este cambio supone la supresión total de la separación de poderes, principio básico de una democracia. Con esta reforma, Daniel Ortega y Rosario Murillo oficializan su dinastía familiar.

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La ONU advierte que, de llegar a implementarse estas reformas, se corre el riesgo de restringir aún más el disfrute de los derechos a la libertad de expresión en contextos públicos y privados, bajo "fundamentos vagos" de “bienestar”. 

Las propuestas también eliminan la referencia explícita al pluralismo político en la Constitución, mencionando únicamente el pluralismo social y cultural. “La propuesta de eliminar el compromiso de la Constitución con el pluralismo político es una señal profundamente alarmante de cara a las elecciones generales de 2026”, afirmó el Alto Comisionado. 

Eliminan prohibición explícita de la tortura 

La reforma, que deberá ser aprobada en segunda legislatura en el mes de enero para su entrada en vigencia, suprime la prohibición explícita de la tortura en la Constitución.  

“La tortura es ilegal en cualquier contexto, y un paso tan retrógrado para eliminar las protecciones legales existentes contra ella es profundamente alarmante”, señala la ONU. 

Los cambios propuestos también pretenden aumentar aún más los poderes del régimen para despojar a las personas de su ciudadanía, una herramienta que ya se ha utilizado ampliamente como medida de represión arbitraria contra críticos y disidentes del gobierno.  

Desde febrero de 2023, al menos 546 nicaragüenses han sido despojados formalmente de su nacionalidad, lo que ha dejado a muchos de ellos apátridas. Algunos también han sido privados de sus bienes, incluidos propiedades, cuentas bancarias y pensiones. 

“Hago un fuerte llamado a los legisladores para que rechacen por completo las enmiendas propuestas, y llamo al Gobierno a abandonar igualmente la persecución de estas propuestas extremadamente preocupantes”, dijo el jefe de derechos humanos de la ONU.