Ortega y Murillo “no enfrentan ningún freno a su poder”, advierte al mundo Human Rights Watch
Daniel Ortega y Rosario Murillo “no enfrentan ningún freno a su poder” en Nicaragua con la aplicación de “leyes abusivas” para reprimir a todos los sectores de la sociedad, denunció en su informe anual sobre derechos humanos la organización Human Rights Watch.
“La lenta destrucción de estos pesos y contrapesos vitales puede tener consecuencias alarmantes para los derechos humanos y el Estado de derecho”, advierte el organismo.
Durante el 2023, la dictadura intensificó su arremetida contra cualquier persona percibida como crítica, incluyendo miembros de la Iglesia católica y ha seguido desmantelando el espacio cívico. Las autoridades han cerrado masivamente medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y universidades, lo que constituye una violación a la libertad de expresión y asociación y al derecho a la educación.
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El régimen de Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, “continúa reprimiendo a todos los sectores de la sociedad y ha profundizado el aislamiento internacional de Nicaragua”, insisten.
En Nicaragua hay al menos 119 presos políticos, la mayoría estaban acusados de “menoscabar la integridad nacional” y “propagar noticias falsas”.
En febrero, recuerdan, se despojó arbitrariamente a 317 personas de su nacionalidad, incluyendo 222 expresos políticos desterrados a Estados Unidos. Las autoridades eliminaron las partidas de nacimiento del registro civil y los expedientes académicos de algunos opositores, restringiendo su derecho a acceder a información personal.
También borraron del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social su información personal, lo cual privó a muchos de sus pensiones. En mayo, la Corte Suprema inhabilitó permanentemente las licencias de 25 abogados y notarios, alegando que, al ser considerados ahora “extranjeros” tras la privación de su nacionalidad, ya no estaban facultados para ejercer la profesión en Nicaragua.
ATAQUES A LA LIBERTAD RELIGIOSA
Los ataques contra la Iglesia católica, que comenzaron en 2018, se han intensificado.
Desde agosto de 2022, la Policía Orteguista detuvo al obispo Rolando Álvarez y lo acusó de “menoscabar la integridad nacional” y “propagar noticias falsas”. En febrero, Álvarez se negó a ser expulsado del país y un juez lo condenó a 26 años de prisión.
En mayo, la Policía anunció que las autoridades estaban investigando a la Iglesia católica por presunto lavado de dinero y que habían congelado las cuentas bancarias de varias diócesis.
En agosto, las autoridades clausuraron la Universidad Centroamericana (UCA), de origen jesuita, y confiscaron sus bienes, interrumpiendo la educación de miles de estudiantes. Este cierre elevó a 28 el número de universidades clausuradas en el país desde diciembre de 2021.
Las autoridades también prohibieron las procesiones de Semana Santa de 2023 y, en agosto, disolvieron la orden religiosa de los jesuitas, y confiscaron sus bienes. También continuaron expulsando a sacerdotes y monjas extranjeros.
También critican que a la fecha ningún policía ha sido procesado por los más de 300 asesinatos de manifestantes durante las protestas de 2018, lo que hace que impere la impunidad.
Muchos se han visto obligados a abandonar Nicaragua debido a la persecución política y a la falta de oportunidades.
Finalmente, Human Rights Watch criticó que las crisis globales de derechos se intensifican ante la tibieza de los líderes mundiales por lo que instó a una diplomacia basada en principios es fundamental para sostener el marco de derechos humanos.
