Michelle Bachelet: En Nicaragua persiste la represión, tortura e impunidad

Un segundo informe sobre Nicaragua de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, confirma que en el país nada está normal: la represión sigue, hay casos de tortura, no hay respeto a las libertades y todavía hay presos políticos con juicios amañados.

El régimen de Daniel Ortega a través de “elementosprogubernamentales” continúa reprimiendo la disidencia, los juicios políticosanómalos contra presos políticos continúan y en el país persiste la impunidadante “graves violaciones de derechos humanos” registradas desde abril de 2018,confirma el segundo informe sobre Nicaragua difundido este viernes por la Oficinade la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, MichelleBachelet en Ginebra, Suiza.

El informe será presentado por la propia Bachelet ante elConsejo de Derechos Humanos el próximo día 10 de septiembre y en la jornadasiguiente la delegación diplomática de Ortega tendrá la oportunidad dereaccionar al mismo.

Este informe registra las violaciones de derechos humanos del 19 de agosto de 2018 al 31 de agosto de este año y aborda no solo la represión de la Policía Orteguista, sino también de “individuos armados favorables al Gobierno”  (paramilitares) que utilizaron armas diversas—incluidas de fuego— contra opositores al régimen.

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“Los arrestos y detenciones arbitrarios continuaron siendoun medio de represión de la expresión de la disidencia, y persistieron loscasos de torturas y malos tratos a personas privadas de libertad en relacióncon las protestas”, detalla el documento.

Bachelet destaca que el régimen de Nicaragua continuóreprimiendo a la sociedad civil, incluso después de haber iniciado el pasadofebrero un proceso de negociación con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia,un proceso que Ortega dio por finalizado el pasado 31 de julio.

“El Gobierno y los elementos progubernamentales continuaron reprimiendo la disidencia. Las autoridades consideran que la represión de las protestas en todo el país fue una respuesta legítima a un golpe de Estado fallido, negando toda responsabilidad por la violación de derechos humanos”, denuncia la Alta Comisionada.

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Este es el segundo informe que la oficina de Bacheletpublica sobre la situación en Nicaragua, tras uno publicado el 31 de agosto delaño pasado que provocó la ira del régimen y procedió a expulsar a losrepresentantes de la ONU que se encontraban en Managua.

CONFIRMA SOMETIMIENTODEL PODER JUDICIAL

La ONU confirma que en Nicaragua “se ha utilizado el sistema de justicia para criminalizar la disidencia y garantizar la impunidad de los responsables de las violaciones de los derechos humanos, lo que demuestra la falta de independencia del Poder Judicial respecto del Poder Ejecutivo”.

“A las personas que participaron en las protestas, montaron piquetes, levantaron barricadas, recaudaron dinero y provisiones en apoyo a los manifestaciones o dispararon morteros caseros contra las fuerzas de seguridad se les acusó de forma desproporcionada”, denuncia Bachelet.

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De manera general, se observa que las autoridades “violaronel derecho a la presunción de inocencia de la mayoría de detenidos”, se negó anumerosos abogados revisar los expedientes de presos políticos y en muchoscasos —aunque las acusaciones fiscales no eran consistentes— los jueces lasaceptaban.

Entre las cerca de 200 entrevistas que la Oficina de la Alta Comisionada realizó para sustentar su informe figura la del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, que admitió que “los cargos contra las personas involucradas en las protestas de 2018 obedecían a motivaciones políticas y que los jueces, por miedo a ser despedidos, dictaron sentencias ajustadas a la versión del Gobierno”.

La represión orteguista ha dejado más de 328 asesinados en Nicaragua, más de 2,000 heridos y al menos 134 personas continúan en las cárceles como prisioneros políticos.