Ortega se ha dotado de “un alto valor de cambio” con los presos políticos

Daniel Ortega ha calculado legitimar la farsa electoral del 7 de noviembre pretendiendo “montar” un diálogo al que llegaría con un “alto valor de cambio”: 150 presos políticos, entre ellos líderes de oposición de alto perfil. Negociar su libertad sería una de las opciones que estaría barajando el dictador para continuar en el poder que retuvo y por lo que ha merecido el rechazo de la comunidad internacional, plantean analistas consultados por DESPACHO 505.

Ortega enfrenta el repudio y desconocimiento internacional luego de las votaciones del pasado 7 de noviembre, en las que impuso su tercera reelección para un cuarto mandato consecutivo junto a su esposa, Rosario Murillo.

Más de 50 países del mundo han declarado su desconocimiento al proceso “electoral”, preparado a su medida por los Ortega-Murillo, porque no cumplió con los estándares mínimos de transparencia y democracia al haber encarcelado a los principales aspirantes presidenciales y haber suprimido a tres partidos políticos así como por la ola represiva desatada antes, durante y después del proceso de votaciones.

Un analista consultado por DESPACHO 505 que por razones de seguridad pidió mantenerse en anonimato, valoró que el dictador Daniel Ortega parece haber priorizado la “obtención de un botín de alto valor de cambio” y eso fue lo que vio en los dirigentes más visibles de la oposición, incluyendo figuras de la empresa privada y generadores de opinión.

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A partir de finales de mayo del presente año, el régimen orteguista inició una escalada represiva contra la oposición que incluyó persecución judicial y el encarcelamiento de, hasta ahora, 41 figuras representativas de la oposición, entre ellos siete precandidatos presidenciales, empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), dirigentes políticos de la UNAB, Alianza Cívica y CxL, así como líderes campesinos y estudiantiles. Ya antes mantenía en la cárcel, acusados por falsos delitos comunes, a por lo menos 130 opositores.

Para el analista, Ortega ha procurado “dotarse” de un alto valor de cambio con miras a una posible negociación que ya parece estarse fraguando. “Debemos notar con atención que la palabra ‘diálogo’ ya se está repitiendo mucho en la medida que se acerca enero del 2022, mes en el que, según anunció el dictador, podría darse un diálogo nacional”.

Agregó que ya algunas organizaciones opositoras muestran “anuencia” para un posible diálogo si liberan a los presos políticos y se cumplen otros requisitos como el cese del estado policial y el retorno seguro de los exiliados así como el restablecimiento de los derechos civiles.

El analista recordó que la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de su secretario general Luis Almagro, dijo, el pasado 29 de noviembre, durante la más reciente reunión del Consejo Permanente de ese organismo, que en Nicaragua debe darse un “diálogo genuino” y nuevas elecciones.

“Todo eso, incluyendo las demandas de la oposición pueden ser sometidas a discusión en una mesa de diálogo, de eso se trata, pero ¿a cambio de qué? Ortega no ha dicho qué podría pedir a cambio de ceder en algunas demandas y en eso hay que poner atención”, advirtió.

El politólogo que habló con este medio de comunicación, a condición de anonimato, considera que una de las demandas que más podría urgirle a Ortega es “inmunidad”, tanto jurídica como financiera. 

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“No se debe perder de vista que la familia Ortega-Murillo ha acumulado muchísimo dinero, muchas empresas, y en la medida que pasa el tiempo se le hace más difícil ocultar y el tema de las sanciones (internacionales) a los miembros de la familia en el poder y a sus más cercanos colaboradores preocupa a Ortega. Es decir, le preocupa la seguridad de su dinero y el otro gran tema que podría preocupar al dictador es no ser juzgado él, ninguno de sus familiares ni sus testaferros”, opinó el analista.

Sin embargo, las organizaciones de familiares de presos políticos, las víctimas de la represión así como los movimientos políticos opositores insisten que no van a “dialogar” con el régimen a cambio de la libertad de los presos políticos sino que exigen que sean liberados antes de cualquier posible diálogo nacional.

La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) ha insistido que además de la liberación de los reos de conciencia, la dictadura debe cumplir con los acuerdos firmados en el diálogo nacional del 2019.

“Nosotros estamos enfocados en el tema de la liberación de los presos políticos, la restitución de las libertades públicas y el cumplimiento de los acuerdos de 2019. Ningún diálogo para nosotros es viable sin estas pre-condiciones. Una vez estén cumplidas habrá que valorar sobre qué base se darían estás negociaciones”. dijo la dirigente de la UNAB Alexa Zamora a DESPACHO 505.

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Por su parte, organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales han dicho que en Nicaragua debe darse un proceso de reconciliación que debe incluir la «justicia transicional» que incluye impulsar «acciones de justicia por los crímenes cometidos a partir del 2018, develar y reconocer la verdad de los hechos, la reparación a las víctimas y sus familiares y además dar garantías verdaderas de no repetición para que se reconstruya la confianza en el país».

ORTEGA CEDERÁ EN ALGUNAS DEMANDAS PARA LEGITIMARSE

Para el sociólogo, economista y analista político Oscar René Vargas, una de las demandas que el dictador Ortega podría estar planteando en un posible diálogo nacional con sectores de la oposición es “que se acepten los resultados de las votaciones de noviembre”.

Además, según el sociólogo, el cálculo político del dictador estaría encaminado a conceder ciertas reformas electorales “consensuadas con los sectores que participen en ese diálogo”. 

“Ortega ya sabe que alguna gente está de acuerdo que la salida a la crisis política del país es el diálogo y sabe que la oposición no va a decir que sí sin poner condiciones, él lo sabe bien. Además está tomando en cuenta que, tanto la iglesia Católica, con la declaración del nuevo presidente de la CEN, la UNAB, la ACJD ya han dicho que podrían ir al diálogo siempre que cumpla algunas exigencias y eso está dentro de sus cálculos”, analiza Vargas. 

Agrega que, ya el hecho de que haya cierta anuencia de participar en un eventual proceso negociador, significa para Ortega que “la derrota política contundente del 7 de noviembre que representó el abstencionismo de más del 80 por ciento de la población, la puede superar”.

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El politólogo valora que el objetivo del régimen es que “no lo molesten en los próximos 5 años”. No obstante, afirma, “el problema de Ortega es que los poderes fácticos(iglesia Católica, empresa privada y comunidad internacional) están entrando en la tónica de “diálogo y una nueva elección”.

Ante tal escenario, advierte Vargas, Ortega puede responder que va a ceder en el tema de elecciones  pero “en elecciones municipales y con ello lograría legitimidad. Con solo el hecho de que la oposición participe en las elecciones municipales de noviembre del 2022 significa reconocimiento y legitimidad. Así superaría la derrota de noviembre, por miopía política de los que acepten ir a ese diálogo”.

Agrega que, incluso podría ceder en el tema de la liberación de los presos políticos, “no de todos pero sí al menos de los de más alto perfil. Ortega va a buscar que participen en las elecciones municipales”.

SI SE LEGITIMA NO NECESITA PEDIR INMUNIDAD JURÍDICA NI FINANCIERA

En lo que difiere el sociólogo vargas con el otro analista político es que el dictador, en caso de lograr un poco de legitimidad, ya no tiene tanta necesidad de pedir inmunidad e impunidad en temas jurídicos ni económicos o al menos “no lo va a pedir abiertamente”.

 “Sí continúa en el poder no lo necesita porque sigue siendo el poder. Si lo reconocen como el hombre que está en el poder y que la farsa electoral fue una elección, no va a necesitar pedir inmunidad ni impunidad. Ortega va jugando al tiempo, va al día a día”, finalizó el analista Vargas.