Fitch Ratings prevé recorte de financiamiento al régimen, pero sin afectar el Cafta

La agencia de riesgo Fitch Ratings considera que las sanciones comerciales al régimen de Daniel Ortega no se producirán en un corto plazo, aun cuando las relaciones con Estados Unidos y la Unión Unión Europea han empeorado debido a la imposición de su reelección para un tercer mandato consecutivo, y el segundo junto a su esposa como vicepresidenta.

En un análisis sobre el efecto de los resultados de las cuestionadas votaciones en Nicaragua, Fitch apunta a que uno de los principales efectos de las nuevas sanciones al régimen de Nicaragua será el cierre de financiamiento externo, ya que Nicaragua mantiene una calificación de B- del Banco Mundial por el riesgo de inestabilidad política y sanciones internacionales, lo cual limitaría el acceso a futuro a fondos de ese organismo.

No obstante ve improbable que a corto plazo el Gobierno de Estados Unidos considere aplicar sanciones comerciales a Nicaragua, tal y como lo contempla Renacer, que está a un paso de convertirse en ley.

«La promulgación de la Renacer conduciría a una ampliación de las sanciones que comenzaron con la Ley NICA de 2018 (las sanciones existentes se dirigen a los altos funcionarios del gobierno)», y aunque este instrumento legal contempla la revisión de la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, América Central y República Dominicana (Cafta-DR por sus siglas en inglés), Fitch lo ve poco probable, al menos por ahora.

«La administración de Biden será reacia a imponer sanciones dirigidas a la membresía del Cafta-DR, lo que podría dañar el empleo e indirectamente aumentar las presiones migratorias en la frontera sur de Estados Unidos», apunta.

UN DAÑO AL SECTOR EXPORTADOR

Además, «la exclusión del bloque comercial perjudicaría al sector exportador que ha sido clave para su recuperación económica», tomando en cuenta que solo en el 2020 el 49,3% de las exportaciones de Nicaragua fueron a Estados Unidos, excluidas las exportaciones de maquila.

En cuanto al acceso a fondos externos, el panorama cambia. El nuevo escenario político de Nicaragua significará un endurecimiento de las restricciones para nuevos financiamientos, ya que la administración de Ortega accedió a fondos debido a situaciones de emergencia como el impacto de los huracanes Eta e Iota y la pandemia del coronavirus.

Fitch menciona que si bien «la relajación de los requisitos crediticios durante la pandemia permitieron al gobierno asegurar un fuerte flujo de desembolsos externos hasta 2023. Creemos que es probable que se desembolsen los acuerdos de préstamos firmados, pero las sanciones pueden limitar el nuevo financiamiento externo, particularmente de instituciones donde EE. UU. tiene un gran poder de voto».

SEÑALES POSITIVAS DE CORTO PLAZO

Por otro lado, la calificadora de riesgo mantiene que este año el país tendrá un crecimiento económico positivo que estima en 5.2%.

No obstante, advierte que «una vez que la economía vuelva a su nivel anterior a la crisis de 2018, el crecimiento potencial será menor debido a una gobernanza más débil, que pesa sobre la inversión, el crecimiento crediticio moderado y las limitaciones del mercado laboral; Fitch proyecta un crecimiento anual promedio de 2.5% en 2022 y 2023».

Fitch también mantiene en positivo el pronóstico de la evolución del déficit fiscal, que estima en 3,2% del PIB. «Los ingresos del gobierno central en enero-agosto aumentaron 31,2% interanual y el superávit fiscal de 5,100 millones de córdobas (1,1% del PIB) fue comparable al de 2019, cuando la Asamblea aprobó varios aumentos de impuestos».

«Prevemos que el déficit del gobierno general se reducirá en 2022 y 2023 a medida que disminuyan las presiones sobre el gasto electoral y el PIB vuelva a su nivel anterior a la crisis de 2018», anota.

Sin embargo, llama la atención sobre el bajo crecimiento de los ingresos en el Instituto de Seguridad Social (INSS) (9% interanual entre enero y agosto), «lo que demuestra que el mercado laboral no se ha recuperado del shock de 2018. Esto ha frenado la consolidación fiscal, aunque las reformas promulgadas en 2019 han reducido los déficits del INSS».