El gerente general de La Prensa es enviado a juicio

Juan Lorenzo Holmann Chamorro, gerente general del diario La Prensa y los opositores Noel Vidaurre, Roger Reyes y José Alejandro Quintanilla Hernández (Alex Hernández) serán enjuiciados por delitos como lavado de dinero, bienes y activos y traición a la patria, informó el jueves el Ministerio Público en un comunicado.

La orden de juicio contra el gerente del periódico más antiguo e influyente de Nicaragua que permanece intervenido por las autoridades nacionales, fue emitida durante una audiencia inicial celebrada el miércoles por un juez que el Ministerio Público no identificó. Se presume que, al igual que ha ocurrido con otros presos políticos, las audiencias contra Holmann Chamorro, el aspirante a la Presidencia Noel Vidaurre, el líder juvenil José Alejandro Quintanilla y el dirigente de la Unidad Nacional Azul y Blanco Roger Reyes, quien también es abogado del aspirante presidencial convicto Félix Maradiaga; se habrían celebrado en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) conocida como El Nuevo Chipote, y no en el Complejo Judicial a como establece la Ley.

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Roger Reyes fue apresado el pasado 20 de agosto y cuatro días después ocurrió la detención de Alex Hernández. Ambos pertenecen a la Unidad Nacional Azul y Blanco, organización que ha denunciado que al menos 11 de sus dirigentes son presos políticos del régimen Ortega-Murillo.

«La autoridad judicial mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva para los acusados y remitió las causas a juicio», indica el documento del Ministerio Público, sin precisar si en el caso de Vidaurre cambiarán la detención domiciliar que tiene desde que fue arrestado el pasado 24 de julio, luego de presentarse a una cita a la Fiscalía.

El Ministerio Público no divulgó la fecha de inicio de los juicios contra los acusados, cuyos familiares y organizaciones defensoras exigen sean liberados por considerar que se trata de una represalia política.

LA PRENSA EN CRISIS

Holmann Chamorro, fue apresado la madrugada del 14 de agosto, luego del allanamiento y toma de las instalaciones de La Prensa. Desde el 13 de agosto, agentes de la Dirección de Auxilio Judicial, acompañados de funcionarios de la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), la Procuraduría General de la República (PGR) y del Ministerio Público, se mantienen en las instalaciones del medio de comunicación, como parte de las «investigaciones» por el supuesto delito de defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense.

Previo a la intervención policial en La Prensa, periódico fundado el 2 de marzo de 1926, su directiva había denunciado la retención en Aduana de una importación de papel e insumos para la impresión del diario que los obligaba a pausar su circulación nacional.

El 15 de septiembre La Prensa anunció la reducción de su personal al mínimo para “garantizar la supervivencia” desde su sitio web debido a la crisis derivada de la acción contra la empresa. “Nuestras instalaciones, donde operan la rotativa, la imprenta comercial, la redacción y las oficinas administrativas de Editorial La Prensa, permanecen tomadas, y no hay señales de que la dictadura tenga ánimos de regresarlas a sus legítimos dueños, nuestro gerente general permanece detenido y más bien ha sido acusado absurdamente por el delito de ‘lavado de dinero’ y las cuentas de la empresa han sido congeladas”, detalló el diario en un comunicado.

PERSECUCIÓN DE OPOSITORES

Desde el pasado 28 de mayo, el régimen de Ortega inició una ola de arrestos que tiene en detención al menos a 37 líderes opositores, siete de los cuales habían mostrado interés de postularse como candidatos a la Presidencia para los comicios de noviembre próximo, en los que el veterano líder sandinista busca la reelección

para su cuarto mandato consecutivo y el segundo junto a su sancionada esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.

Las autoridades también han girado órdenes de captura contra otros críticos de Ortega que están en el exilio, como Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2017 y exvicepresidente de Nicaragua (1985-1990) por “actos que fomentan e incitan al odio y la violencia”, y el periodista Carlos Fernando Chamorro, acusado “por lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida y gestión abusiva”.