Unión Europea prolonga las sanciones contra Rosario Murillo, tres de sus hijos y la cúpula del régimen

La Unión Europea renovó este viernes 9 de octubre por un año más las sanciones contra 21 personas y tres entidades vinculadas a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, entre ellas la propia dictadora, sus hijos Laureano, Camila y Juan Carlos Ortega Murillo, y la Policía. Las medidas, que incluyen la congelación de bienes y restricciones de entrada a territorio europeo, se prolongan hasta el 15 de octubre de 2027.

La decisión mantiene la presión sobre el círculo político y familiar de Ortega y Murillo, así como sobre funcionarios e instituciones señalados por su responsabilidad en graves violaciones de derechos humanos, la represión de la oposición y el desmantelamiento de las instituciones democráticas en Nicaragua.

Entre los sancionados figuran también el ahora preso político Bayardo Arce Castaño, antiguo asesor económico de Ortega, y Alba Luz Ramos Vanegas, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, además de altos mandos policiales y funcionarios vinculados al aparato represivo del régimen.

Las restricciones impiden a las personas sancionadas entrar o transitar por los países de la Unión Europea. También mantienen congelados sus fondos y recursos económicos bajo jurisdicción europea y prohíben que ciudadanos y empresas de los Estados miembros pongan dinero o bienes a su disposición.

Bruselas mantiene sus exigencias

La Unión Europea ha reclamado reiteradamente la liberación de los presos políticos, el restablecimiento de las libertades fundamentales y el cese de la represión contra opositores, periodistas, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos.

También ha exigido que Nicaragua permita nuevamente el trabajo de los mecanismos internacionales de derechos humanos y adopte medidas para restablecer la democracia y el Estado de derecho.

La renovación de las sanciones se produce después de que Ortega y Murillo impulsaran nuevas reformas constitucionales que ampliaron los mandatos de las autoridades y eliminaron las elecciones previstas para 2027, profundizando la concentración del poder en manos de la pareja gobernante.

Siete años de sanciones europeas

La Unión Europea estableció su régimen de sanciones contra Nicaragua el 14 de octubre de 2019, como respuesta a la represión de las protestas iniciadas en abril de 2018, que dejó cientos de muertos, detenidos y exiliados.

Las primeras medidas establecieron un mecanismo para sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos y de actuaciones destinadas a socavar la democracia y el Estado de derecho. Posteriormente, Bruselas amplió la lista para incluir a integrantes de la familia Ortega-Murillo, altos funcionarios e instituciones estatales.

A diferencia de un embargo económico general, las sanciones están dirigidas contra las personas y entidades incluidas en la lista europea. El Consejo puede revisarlas, modificarlas o levantarlas si considera que se han alcanzado los objetivos establecidos.

Con esta nueva prórroga, las restricciones permanecerán vigentes hasta octubre de 2027, cuando el bloque europeo deberá evaluar nuevamente su continuidad.