El régimen entrega al Ejército el control y la recaudación del transporte acuático en Nicaragua

La Asamblea Nacional aprobó este jueves la creación de una Dirección General de Transporte Acuático (DGTA), que traspasa el control, la regulación y la administración del transporte acuático al Ejército de Nicaragua.

El nuevo ente fue constituido como un organismo descentralizado con «autonomía técnica», administrativa y financiera, adscrito formalmente a la estructura militar. Para concretar el traspaso, el Parlamento realizó reformas a las competencias institucionales del Ejército y modificó diversas leyes y reglamentos vigentes en la materia.

La DGTA pasa a sustituir a la antigua Dirección General de Transporte Acuático, que hasta ahora operaba bajo la subordinación del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).

Con esta disposición, la institución militar asume la facultad de normar, regular y controlar la seguridad en la navegación en todo el territorio nacional, así como la potestad de autorizar o fijar las tarifas cobradas por los armadores para la prestación del servicio público de transporte en las distintas rutas lagunares, fluviales y marítimas.

El régimen de sanciones

La legislación establece que el reglamento operativo de esta nueva entidad será redactado por la propia Dirección General en consulta con la jefatura del Ejército.

Asimismo, el marco legal impone un régimen de sanciones económicas para los propietarios de embarcaciones y armadores que alteren las tarifas oficiales autorizadas por la autoridad marítima, o bien que incumplan con las rutas e itinerarios establecidos.

Millonario presupuesto e ingresos bajo administración militar

La transferencia de competencias implica también el traspaso de la caja de recaudación de los trámites marítimos y de un abultado presupuesto estatal a las arcas administradas por el estamento militar.

Para la normación y control de los servicios del transporte acuático, el Estado asignó en 2025 un presupuesto de 241 millones de córdobas que ahora será ejecutado bajo la tutela del Ejército.

A esta partida presupuestaria se suman los ingresos derivados de la tramitación de permisos. Cifras del Ministerio de Hacienda y Crédito Público detallan que durante el año 2025 se recaudaron aproximadamente 32 millones de córdobas por concepto de emisión de certificados de operaciones de transporte.

En ese mismo periodo, las autoridades de transporte acuático realizaron 6,414 inspecciones técnicas a embarcaciones de bandera nacional y emitieron un total de 19,176 documentos de navegación, trámites que a partir de la entrada en vigor de la ley quedan bajo la fiscalización de las Fuerzas Armadas.