Defensoras de Latinoamérica exigen liberación de presas políticas y el cese de la «persecución» en Nicaragua

La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) exigió este miércoles al régimen Ortega-Murillo que cese “la represión” y la “persecución” contra mujeres que han denunciado violaciones contra sus derechos.

En un llamado público, IM-Defensoras exigió a Daniel Ortega que “detenga inmediatamente la represión, la persecución y las distintas violencias hacia lideresas, periodistas, feministas, activistas, defensoras de derechos humanos, quienes han denunciado violencia sexual, tortura, hostigamiento, violación y humillaciones sexuales en centros de detención y en sus territorios”.

Actualmente en Nicaragua hay diez mujeres presas políticas entre ellas la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, las lideresas opositoras Violeta Granera, Tamara Dávila, Suyén Barahona y Ana Margarita Vijil; además de la exguerrillera Dora María Téllez y la exdiputada María Fernanda Flores, todas apresadas en este mes de junio. La lista la completan las activistas María Esperanza Sánchez, Karla Vanessa Escobar Maldonado y Julia Christina Hernández Arévalo quienes fueron encarceladas y procesadas por su participación en la Rebelión Cívica de 2018.

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EXIGEN TRATO CON DIGNIDAD

IM-Defensoras demandó la “libertad plena” para los más de 134 presos políticos del régimen de Nicaragua, e instó a que se les “garantice el debido proceso en cumplimiento con las normas del derecho internacional humanitario”.

Una denuncia hecha este mismo miércoles por los abogados de los aspirantes presidenciales Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, también encarcelados, indicó que las autoridades nicaragüenses no han confirmado los paraderos de las 21 personas capturados a partir del 28 de mayo pasado, entre quienes se encuentran siete de las diez mujeres por las que abogó IM-Defensoras, cinco de las cuales sólo se sabe que fueron detenidas.

La organización feminista llamó a Ortega a que les permita a las mujeres acceso a un abogado de confianza, admita que sean visitadas por sus familiares, y se les trate con dignidad.

PIDEN DEROGACIÓN DE LEYES RESTRICTIVAS

Solicitó además que asegure “la participación política de las mujeres en Nicaragua” sin que por ser opositoras “sufran persecución, judicialización, violencias, ni hostigamiento alguno”.

También reclamó la derogación de leyes recientemente aprobadas que “violan los derechos civiles y políticos de las personas, y restringen la capacidad de incidencia de las mujeres y sus organizaciones”.

Llamó a que sea permitida la visita de organismos multilaterales que den seguimiento a los derechos humanos en Nicaragua y permita la “investigación independiente” de las violaciones a los derechos, el restablecimiento de “las libertades individuales y colectivas propias de un Estado Social de Derecho”, y la garantía de “realización de elecciones libres y realmente democráticas en noviembre” próximo.

A excepción de Cristiana Chamorro y María Fernanda Flores, las demás lideresas y dirigentes se presume que están en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el nuevo Chipote, denunciada por defensores de derechos humanos como supuesto “centro de torturas de la Policía”, mientras que las activistas se encuentran en la penitenciaría La Esperanza.

Nicaragua vive una profunda crisis sociopolítica, que se ha acentuado en la medida que se acercan las elecciones del 7 de noviembre, en las que Ortega busca su tercera reelección consecutiva para un cuarto mandato de cinco años y el segundo con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta.

Con información de EFE