CIDH otorga medidas cautelares a Cristiana Chamorro y tres extrabajadores de la FVBCh
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó medidas cautelares a favor de Cristiana Chamorro Barrios, exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh) y a tres de sus trabajadores: Walter Antonio Gómez Silva, Marcos Antonio Fletes Casco y Lourdes Arróliga.
La solicitud de las medidas cautelares fue solicitada por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). La CIDH consideró que antes de su detención, Cristiana Chamorro, Marcos Fletes y Walter Gómez eran «perseguidos y hostigados» por el régimen de Daniel Ortega. La situación de los presos políticos, según el organismo, reúne los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en su reglamento.
Cristiana Chamorro, una de cinco aspirantes presidenciales bajo arresto, tiene casa por cárcel desde el pasado 2 de junio. Walter Gómez y Marcos Fletes este lunes cumplen 31 días de arresto, supuestamente, en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial conocida como El Chipote. La CIDH explicó que el Estado de Nicaragua no ha brindado información «sobre su lugar de detención, ni permitido contacto alguno con sus familiares o abogados».
Al respecto, la CIDH advirtió que la falta de acceso a sus familiares y abogados puede incrementar su situación de vulnerabilidad, en la medida que permanecen en un estado de indefensión ante posibles incidentes o circunstancias que pongan en peligro su vida.
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Cristiana Chamorro es señalada por el Ministerio Público, que dirige la sancionada Ana Julia Guido, de los presuntos delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica en concurso real con el delito de lavado de dinero, en perjuicio del Estado de Nicaragua, por medio de la desaparecida FVBCh. Mientras que a Walter Gómez y Marcos Fletes son señalados de presunto lavado de dinero.
En el caso de la periodista Lourdes Arróliga, la Comisión concluyó que se encuentra en una situación de riesgo ya que es vigilada en su casa y centro de labores, por patrullas policiales, además recientemente recibió amenazas. Arróliga tiene sus cuentas bancarias congeladas y pasó de entrevistada a imputada cuando solicitó la presencia de su abogado.
RÉGIMEN CUESTIONA MEDIDAS
La CIDH demandó al Estado de Nicaragua asegurar que sus agentes respeten los derechos de las personas que reciben el beneficio de las medidas cautelares y adoptar medidas para asegurar que las condiciones de detención de las personas beneficiarias que se encuentran privados de la libertad, se adecúen a los estándares internacionales aplicables.
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Por su parte, el régimen de Daniel Ortega respondió al organismo que sus alegatos al dictar nuevas medidas cautelares «carecen de suficiente credibilidad», pero «no aportó mayores elementos para desvirtuarlos”, dice la CIDH.
“Con independencia de los motivos por los cuales una persona resulta privada de su libertad, la Comisión recuerda que el Estado tiene la obligación de velar por sus derechos a la vida e integridad personal. Adicionalmente, pese a haberse efectuado una solicitud de información al respecto, se observa que el Estado no dio respuesta alguna a la situación de Arróliga”, expuso el organismo.
El régimen de Ortega alegó que el Cenidh no tiene personería jurídica y agregó que la CIDH tenía que desestimar los alegatos ya que eran meras “apreciaciones subjetivas, repetidas, y generales que no sustentan el pretendido carácter de gravedad y urgencia alegado […]”. Igualmente, se agregó que “cualquier pretensión
de cuestionar la aplicación de nuestras leyes, constituye un acto de injerencista que atenta contra nuestra
soberanía, independencia y autodeterminación”.
Según el texto de la resolución Ortega debe de presentar un informe en los próximos 15 días, contados a partir de la fecha de emisión del documento, sobre «la adopción de las medidas cautelares acordadas y actualizar dicha información en forma periódica».
