Miguel Mora, el quinto aspirante presidencial encarcelado y señalado bajo cargos de «traición a la patria»

El periodista Miguel Mora fue apresado este domingo durante un violento allanamiento en su vivienda, en Managua, similar a los ejecutados en las últimas semanas contra figuras de oposición, bajo cargos de traición a la patria, en su mayoría. El periodista es el quinto aspirante a la Presidencia encarcelado en el último mes y el primer excarcelado político criminalizado en la nueva escalada represiva de Daniel Ortega a solo cinco meses de las elecciones generales.

La Policía justificó su detención con un comunicado en el que señala a Mora de supuestamente “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos” y “pedir intervenciones militares” contra el régimen de Daniel Ortega.

Es la segunda ocasión que Mora es encarcelado bajo el régimen Ortega-Murillo. La primera vez fue la noche del 21 de diciembre del 2018, cuando la Policía asaltó las instalaciones del canal 100% Noticias en Managua que es de su propiedad. En ese operativo también fue encarcelada la periodista Lucía Pineda Ubau, quien fungía como jefa de prensa del canal televisivo. Ambos estuvieron seis meses en prisión en los que sufrieron torturas y violaciones a sus derechos humanos; mientras que la televisora fue saqueada y confiscada para ser convertida en un centro de atención psicosocial.

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Este nuevo operativo también ocurrió de noche. Miguel Mora se estaba en su casa cuando agentes policiales abordo de patrullas se presentaron al residencial donde habita junto a su familia y rompieron ventanas para ingresar de forma violenta. Lo sacaron esposado, “lo montaron a patrulla y allanaron la casa. Esta es la segunda vez que lo detiene el régimen de Daniel Ortega”, denunció la dirección de 100% Noticias en un tuit.

SEÑALADO DE ATENTAR CONTRA EL PAÍS

En un comunicado, la Policía explicó que el opositor es “investigado” por realizar actos “menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”.

Son los mismos cargos que el Ministerio Público formula contra los aspirantes presidenciales Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, ya que contra Cristiana Chamorro, la Fiscalía impulsa acciones penales por supuesto lavado de dinero a través de la clausurada Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

También por “proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación”.

La escritora Gioconda Belli, hermana de Humberto Belli que se fue al exilio para evitar la cárcel, expresó su repudio por la nueva detención de Miguel Mora. “Un país sin voz, ni voto, sometido y humillado; así nos quieren”, reprochó la escritora que se encuentra del país y, probablemente, no retorne debido a esta ola de arrestos en el país contra la disidencia.

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Las detenciones seriales han alcanzado a los históricos exguerrilleros sandinistas disidentes Dora María Téllez, Hugo Torres y Víctor Hugo Tinoco; el expresidente del Cosep, José Adán Aguerri; el presidente ejecutivo del Banpro, Luis Rivas Anduray; las activistas Violeta Granera, Tamara Dávila y Ana Margarita Vijil; el jurista leonés José Pallais y los excolaboradores de la FVBCh Walter Gómez y Marcos Fletes.

Esta acción es calificada como un agravamiento de la crisis sociopolítica que afronta Nicaragua desde el años 2018 a consecuencia de la respuesta armada que dio el régimen de Daniel Ortega para exterminar multitudinarias manifestaciones cívicas.

Desde entonces, los esfuerzos de diálogo y las recomendaciones de crear condiciones para una salida pacífica a la crisis, han fracasado; aun bajo la advertencia de sanciones. Incluso el pasado viernes cerca de una veintena de congresistas de EE.UU. patrocinaron un proyecto de ley bipartidista que urge a revisar el Tratado de Libre Comercio suscrito con Nicaragua ante la “violenta represión” contra la oposición al régimen de Daniel Ortega, que es interpretada como una estrategia para allanar el camino para su tercera reelección, no bastándole el control que ya ejerce sobre el Consejo Supremo Electoral (CSE) y las modificaciones a medida que consiguió con el respaldo mayoritario que también en la Asamblea Nacional.