Dictadura podría enfrentar otro revés en la OEA
El Grupo de Trabajo para Nicaragua presentará una resolución en la que solicitará a los Estados miembros que nombren una comisión que se encargue de realizar “gestiones diplomáticas del más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis en Nicaragua”.
En el marco de la 49 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), los cancilleres del continente votarán un proyecto de resolución sobre Nicaragua que contempla la creación de una comisión que, “en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, realice gestiones diplomáticas al más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política”, cuyos resultados deberán ser plasmados en un informe al cabo de tres meses.
El proyecto de resolución “La situación en Nicaragua” propuesto por el Grupo de Trabajo para Nicaragua, que lidera la representación de Canadá, subraya el grave deterioro de la democracia en Nicaragua y la urgente necesidad de reactivar las negociaciones para buscar una salida pacífica a la crisis que ya supera los 14 meses.
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El informeque emita la comisión daría la pauta para definir las medidas a tomar en elseno de la OEA, según se expresa en el documento de seis puntos que serásometido a votación. Entre las medidas a tomar se contempla “si es el caso, laconvocatoria a una sesión extraordinaria de la Asamblea General”, queda expresado.
Estos sonlos seis puntos medulares de la resolución a analizar durante la AsambleaGeneral de la OEA:
1. Reiterar la preocupación de la comunidadinteramericana por el deterioro de las instituciones democráticas y losderechos humanos en Nicaragua y su apoyo a una solución pacífica a la crisispolítica que afecta a este país desde hace más de un año.
2. Instar a la reanudación de lanegociación efectiva y de buena fe entre el Gobierno de Nicaragua y la AlianzaCívica por la Justicia y la Democracia y al cumplimiento pleno de los acuerdosalcanzados.
3. Insistir en la necesidad de que elGobierno de Nicaragua permita el ingreso de la Comisión Interamericana deDerechos Humanos y sus mecanismos, así como de otros mecanismos internacionalesde derechos humanos.
4. Reiterar que las violaciones graves alos derechos humanos, a la libertad de expresión y de prensa en Nicaragua apartir de abril de 2018, y la falta de avance en reformas electorales quegaranticen elecciones libres, justas, transparentes y legítimas, constituyenuna alteración del orden democrático en los términos de la Carta DemocráticaInteramericana.
5. Instruir al Consejo Permanente a quenombre una comisión que, en el marco del artículo 20 de la Carta DemocráticaInteramericana, realice gestiones diplomáticas al más alto nivel para procuraruna solución pacífica y efectiva a la crisis política y social en Nicaragua yque rinda un informe en un plazo de tres meses.
6. Instruir al Consejo Permanente a que,recibido el informe de esta comisión, adopte las medidas que sean necesarias,incluida, si es el caso, la convocatoria a una sesión extraordinaria de laAsamblea General.
La propuesta es sustentada ante el progresivo deterioro de las libertades en Nicaragua a partir del 18 de abril del año pasado, incluyendo violaciones a la libertad de prensa y derechos humanos fundamentales.
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“Esnecesario garantizar las condiciones políticas y sociales adecuadas parapromover una reforma electoral integral que permitan asegurar eleccioneslibres, justas, transparentes y legítimas, de conformidad con estándaresinternacionales”, se expone en el documento en que también se reconoce como “unpaso relevante” la liberación de la mayoría de los presos políticos.
Ni obstante,señala que “existe información creíble sobre presos políticos aún detenidos yque muchas de las personas liberadas no tienen claridad sobre su situaciónjurídica”.
El hecho queel régimen todavía no haya permitido el retorno de la Comisión Interamericanade Derechos Humanos y de sus mecanismos a Nicaragua, incluido el MESENI, nipermite el trabajo independiente de organizaciones y defensores de derechoshumanos, es catalogado como “deplorable».
El documentoademás condena “las limitaciones a la libertad de prensa, la represión a lamanifestación pacífica y los ataques a quienes participan en actos religiosos”.
