Régimen con dificultades para cumplir con la inversión pública

Hacienda detalla que el Programa deInversión Pública, desarrollado con recursos internos sufre dificultades, yaque al primer trimestre solo ha ejecutado el 6.2% del monto presupuestado,contrario al mismo período de 2018 que alcanzó 31.6%, lo que ha provocado menosdesembolsos al MTI y a las alcaldías.

De las tresfuentes de financiamiento del Programa de Inversión Pública (PIP) recursosinternos, préstamos externos y donaciones externas, el que peor comportamientoregistra al primer trimestres de 2018 es el de recursos internos. Estecomponente representa el 64% del total del PIP que para este 2019, elPresupuesto General de la República (PGR) estimó en C$16,817.5 millones, peroque en los primeros tres meses del año solo logró ejecutar C$672.6 millones, esdecir un irrisorio 6.2%.

Los C$672.6millones en montos ejecutados es menor en 82.8% al cumplido en el mismo períodode 2018 (C$3,230.9 millones), a un mes de que estallara la peor crisissociopolítica que vive el país en la última década.  La Administración de Daniel Ortega enfrentó enel  primer trimestre una caída de larecaudación tributaria en 2,584.8 millones de córdobas, -11.2% en comparación aigual  fase de 2018.

“El monto ejecutado de C$672.6 millones es menor 82.8% (C$3,230.9 millones) a lo observado en igual período 2018, de los que C$2,640.0 millones (81.7%) se ubican en una menor transferencia municipal y C$249.0 millones (7.7%) en reducción de los proyectos de inversión del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)”, señala el informe de Hacienda.

Del total de recursos presupuestado en el PIP para este año (C$16,817.5), unos C$10,796.2 corresponden a recursos internos, C$5,235.2 a préstamos externos y C$786.1 donaciones externas. “Con recursos externos, el PIP registra un mejor desempeño, pues alcanza 36.8% del presupuesto anual, lo que es superior a lo registrado en igual período 2018 (22.8%), y el monto ejecutado de C$2,213.5 millones es mayor 3.9% (C$83.4 millones) en relación a lo observado en igual período 2018”, dice.

El Programa de Inversión Pública 2019, aprobado la Asamblea Nacional en el año 2018, ambicionaba C$25,255.6 millones, de estos C$ 16,181.6 millones se asignan a proyectos ejecutados por instituciones del Gobierno Central y C$ 9,074.0 millones a entidades descentralizadas y empresas públicas.

Además, el Informe de Ejecución Presupuestario Enero – Marzo 2019 reconoce que el PIP como parte del gasto de capital registra un desempeño moderado, debido a una contracción del gasto con fuente interna, sin embargo habla de un dinamismo de la inversión con fuente de recursos externos, en particular de préstamo.

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Segúneconomistas, esos fondos externos ya habían sido pactados con organismos financierosdesde antes de la crisis. El problema para el régimen se agravará más este añoy el próximo porque las entidades bancarias internacionales han suspendido lospréstamos, a excepción del Banco Centroamericano de Integración Económica(BCIE).

Hacienda ensu informe destaca que por limitaciones financieras, al mes de marzo 2019 no sehabían desembolsados en concepto de transferencia de capital a lasmunicipalidades, pero sí lo correspondiente a la transferencia corriente, y apartir del mes de abril de forma paulatina la transferencia de capital.

Hasta marzo,el monto total ejecutado del PIP es de C$2,886.1 millones, o sea 17.2% de supresupuesto anual actualizado que es de C$16,817.5 millones, y con tasanegativa de crecimiento de 52.2% respecto a igual período 2018, lo que seorigina en menores recursos de la fuente interna, principalmente en losdesembolsos de la Transferencia Municipal y al Ministerio de Transporte eInfraestructura.

De acuerdo con el documento oficial, el presupuesto anual para la partida de transferencia de capital a las municipalidades es de C$5,358.5 millones aunque en este primer trimestre el MHCP no efectuó desembolso a las Alcaldías debido a limitaciones de recursos provenientes de la recaudación.

El economista Luis Murillo considera que la situación deficitaria fue advertida desde que se discutió el proyecto de ley del Presupuesto General de la República. Y según la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), actualmente el PGR asciende a C$81,063 millones y se basa en un escenario en el que la contracción del PIB real sería de 1.00% y el PIB nominal crecerían 4.5% bajo un supuesto de recuperación gradual de las actividades económicas.

“El PGR tiene desfinanciamiento de C$10,263.48 millones, y era casi imposible poderlo recuperar con esas tres fuentes, principalmente con los recursos internos y con los recursos externos, por una sencilla razón, en el caso de los recursos internos las medidas de política fiscal eran inadecuadas. En IR se disminuyó 13.5%, después que aplicaron la reforma, y la cooperación internacional 60% o 65%, prácticamente lo que se había programado antes de la crisis muy difícilmente se va a respetar”, explicó.

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Elespecialista agregó que los datos de Hacienda le indican al régimen que laeconomía se está contrayendo en el gasto porque no hay recaudación y no haydinamismo económico, por lo que la Administración Ortega – Murillo está en unproblema porque dependían de los recursos externos, “que muy difícilmente van avenir”.

Murillo  destacó que hasta 2018, la economía crecióentre 4.5% y 5.2%, y uno de los principales motores del dinamismo era el gastointerno. “El PGR al contraerse el gasto por recaudación, prácticamente elEstado no le está imprimiendo a la economía y contribuye a una recesióneconómica”, expone.

En 2017, elrégimen programó C$21,826.9 millones para inversión pública, de los cualesC$11,301.7 correspondieron a recursos internos (51.78%) y C$10,525.2 adonaciones y préstamos (48.22%). En 2018, antes de la insurrección cívica,incluso, presupuestó C$ 23,639.7 millones, de los cuales C$10,936.4corresponden a recurso interno (46.26%) y C$ 12,703.2 a donaciones y préstamos(53.73%).

El Programade Inversión Pública 2019, aprobado la Asamblea Nacional en el año 2018,ambicionaba C$25,255.6 millones, de estos C$ 16,181.6 millones se asignan aproyectos ejecutados por instituciones del Gobierno Central y C$ 9,074.0millones a entidades descentralizadas y empresas públicas.