Rechazo a reforma de la Ley General de Aguas: Centraliza el recurso y disfraza privatización

La administración de Daniel Ortega envió a la Asamblea Nacional una propuesta de reforma a la Ley General de Aguas Nacionales, que obedecen más a una política partidaria con fines recaudatorios y que enmascara la privatización del recurso vital, alertan diversos sectores.

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) considera que la iniciativa está diseñada para controlar este recurso natural con fines recaudatorios.

Michael Healy, presidente del Cosep, indicó que una comisión jurídica del organismo empresarial está analizando artículo por artículo de dicha reforma, en la cual el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Inaa) sería asumido por la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Healy encuentra intenciones de «controlar, centralizar, polarizar y seguir institucionalizando conforme a sus intereses partidarios”. No existe un estudio que justifique los cambios en dicha ley, criticó el dirigente empresarial.

Uno de los puntos que expone el Cosep es que esta reforma pone en evidencia la burocracia recaudatoria del Gobierno. «Son leyes para sacarle más dinero a los nicaragüenses y no agiliza la tramitología para esta situación», cuestionó Healy.

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Otra de las preocupaciones son los cuestionamientos de falta de transparencia de ANA y el bajo nivel de eficiencia.

Indicó que las reformas que se planean en la Ley no agilizan ni solucionan los problemas que tienen los empresarios en el tema del agua. “A nosotros nos preocupa porque se vuelve unilateralmente al Gobierno a tomar decisiones que las vemos nosotros que serán más burocráticas y va a incrementar los costos va a poner cánones y van a pagar más los productores”, expuso el dirigente empresarial.

PRIVATIZAR EL AGUA

Por su parte Ruth Selma Herrera, coordinadora de la Plataforma Nacional del Agua, explicó que la reforma que plantea Daniel Ortega es en 72 de los 155 artículos que tiene la actual Ley General de Aguas Nacionales.

“Esta reforma está hecha para construir las pistas y los caminos por donde va a circular la privatización del agua, es una ley para privatizar el agua, aunque no encontrés la palabra privatización, encontrás agentes privados”, manifestó Herrera.

Agregó que «se crea una Comisión llamada de Administración Sustentable del Agua, la cual se encargará de publicar las convocatorias de las concesiones, además se encargará de seleccionar a las empresas, hará el trámite de las concesiones, les hará los estudios de factibilidad, les va a cobrar por todo eso, pero además va a establecer las tarifas».

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“Les quitan funciones operativas a Enacal y le dan funciones normativas a la ANA porque le pasan todo lo que tenía Inaa, pero también le dan funciones operativas a la Autoridad Nacional del Agua y le quitan funciones técnicas”, manifestó Herrera.

Indicó que una de las estrategias que está poniendo en marcha Enacal es incrementar las tarifas, maltratar a la gente, no dar mantenimiento a las tuberías para que la gente se decepcione de la empresa.

“Es una política deliberada que la gente diga yo no quiero nada con Enacal y van creando toda una falsa conciencia que es mejor que se lo pasen a los privados, es parte de la estrategia y luego le suben la tarifa al agua de manera ilegal para que el filete sea más fácil de vender”, expuso.