FVBCH: Diputados, jueces y policías son los principales represores de periodistas en Nicaragua

En Nicaragua persisten las agresiones que ponen en riesgo la integridad de periodistas independientes. En el mes de octubre fueron documentadas 42 violaciones a la libertad de prensa en el país, de las cuales 25 fueron agresiones y ataques directos a profesionales de la información, indica un informe de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH).

Si bien la policía se mantiene como la institución que más viola la libertad de prensa en el país, también se identifica a diputados, jueces y entidades como la Dirección General de Ingresos (DGI) entre los sujetos que ejercen como brazos represores contra los periodistas.

En el monitoreo y seguimiento de violaciones a la libertad de prensa, la FVBCH documentó una detención arbitraria, dos procesos judiciales, 9 casos de uso abusivo del poder estatal, un caso de discurso estigmatizante, un caso relacionado a género y dos acciones jurídicas contrario a estándares.

De las 42 violaciones a la libertad de prensa, 30 fueron perpetradas contra periodistas, fotógrafos, editorialistas, directores de medios, camarógrafos, fotorreporteros y jefes de prensa. Otras10 fueron acciones dirigidas contra medios de comunicación.

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LEY MORDAZA Y DE AGENTES EXTRANJEROS

En su informe, la FVBCH reporta entre las medidas que atentan contra la libertad de expresión la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos. En ambas encuentra claras intenciones de criminalizar el ejercicio periodístico.

“En ambas leyes además de usar conceptos ambiguos, sin rigor técnico se penalizan derechos constitucionales, como el derecho a la libertad de expresión, derecho al trabajo, derecho de acceso a la información, y el derecho al libre ejercicio de la práctica periodística”, señala el informe.

La Ley de Agentes Extranjeros ya está en vigor. La misma otorga facultades al régimen de Daniel Ortega para realizar espionaje financiero, intervenir fondos y hasta suspender personerías jurídicas.

En cambio, la Ley de Ciberdelitos, aprobada el pasado 30 de octubre, se comenzará a aplicar a partir del próximo mes. Contempla procesar judicialmente a quienes utilicen los sistemas informáticos para obtener datos, documentos o información de las instituciones públicas, privadas con servicios al público, así como a bancos, aseguradoras y el resto del sistema financiero. El periodismo independiente la considera una amenaza, porque pretende criminalizar el ejercicio de informar, por eso es llamada Ley Mordaza.

VIOLACIONES COMETIDAS POR EL ESTADO

De las 42 violaciones a la libertad de prensa, el 86% (36 casos) fueron cometidas por funcionarios estatales, entre ellos, diputados de la Asamblea Nacional, jueces, DGI, Policía y Telcor; y el 16% (6 de ellas) por militantes del Frente Sandinista y paramilitares.

“La Policía Nacional sigue siendo la institución que más violenta el libre ejercicio de la práctica periodística y la libertad de expresión”, indica el informe.

Otra medida represiva ejecutada por la policía orteguista es la aplicación de cuantiosas multas de tránsito, lo que constituye “una forma de asedio, represión e intimidación contra periodistas y otros colaboradores de medios de comunicación independientes”, indica la FVBCH.

Asimismo, señalan que el ente regulador Telcor hace uso antojadizo del reglamento de servicio de televisión por suscripción (06-97) y el reglamento de radiodifusión (07-97), al obligar a los medios de comunicación a cadenas nacionales para transmitir eventos y mítines político del gobernante FSLN.

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Finalmente, el informe cuestiona el cobro de impuestos y multas exageradas de parte de la Dirección General de Ingreso (DGI), a medios de comunicación y radios comunitarias.

“Esta acción es considerada por periodistas y propietarios de medios locales, como una confiscación simulada, que la única finalidad que tiene es la asfixia económica, para luego impulsar su cierre”, afirma la FVBCH.