Auxilio fiscal a las zonas francas: El régimen ofrece exenciones «eternas» para intentar frenar la fuga de empresas
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo remitió a la Asamblea Nacional tres iniciativas de ley que modifican sustancialmente el marco tributario y operativo de Nicaragua, con un enfoque en las zonas francas. Estas reformas se presentan en un momento en que el sector industrial enfrenta una contracción marcada por el cierre de plantas de manufactura y la pérdida de puestos de trabajo, factores que han mermado la capacidad de exportación y la estabilidad laboral en los parques industriales del país.
La primera de estas medidas es la reforma a la Ley 917, o Ley de Zonas Francas de Exportación. El principal cambio radica en la ampliación de los periodos de gracia fiscal.
Según el texto enviado para su aprobación, las empresas operadoras recibirán una exención del 100% del Impuesto sobre la Renta (IR) y del impuesto sobre dividendos por un lapso de 15 años, con facultad de solicitar prórrogas sucesivas.
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Para las empresas usuarias, el incentivo del 100% será por 10 años, pero una vez concluido este plazo, la ley establece que las empresas no pasarán al régimen general de tributación, sino que mantendrán una exención del 60%, obligándose a pagar únicamente el 40% del IR restante de manera indefinida hasta el cierre de sus operaciones.
Reformas a la Ley de Autodespacho
Los codcictadores también ordenaron aproba una iniciativa de ley de adición a la Ley 265, "Ley que establece el Autodespacho para la Importación, Exportación y Otros Regímenes".
Esta normativa introduce un nuevo requisito de cumplimiento para el comercio exterior: la obligación de presentar una declaración escrita donde se certifique que las mercancías no han sido fabricadas, total o parcialmente, mediante trabajo forzado.
La Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) podrá exigir documentación de toda la cadena de suministro en casos de "duda razonable". El proyecto estipula que, de presumirse falsedad en la información, la DGA coordinará con la Policía y la Procuraduría General de Justicia para iniciar investigaciones penales.
Cambios en la Ley de Concertación Tributaria
El tercer pilar del paquete legislativo es la reforma y derogación parcial de la Ley 822, Ley de Concertación Tributaria. Esta iniciativa propone suprimir más de 30 artículos, eliminando regímenes especiales de pago para casinos y salas de juegos, y eliminando la retención del 30% que actualmente se aplica a gastos realizados en paraísos fiscales.
Asimismo, el proyecto faculta a la administración pública para revisar el listado de bienes exentos del IVA, el cual incluye actualmente productos de la canasta básica, medicinas y materiales escolares, bajo la premisa de "avanzar en la equidad tributaria y la sostenibilidad de las finanzas".
Finalmente, el paquete legislativo endurece las reglas para el sector minero al establecer que el pago de regalías o derechos de extracción dejará de ser deducible para el cálculo del Impuesto sobre la Renta.
El resultado esperado de estas medidas, según la exposición de motivos, es garantizar la permanencia de la inversión extranjera mediante incentivos agresivos y fortalecer la base de recaudación fiscal.
