El régimen traspasa a la Procuraduría el control del personal en las Alcaldías de Nicaragua
La Asamblea Nacional derogó este miércoles la Ley de Carrera Administrativa Municipal (Ley 502), vigente desde 2004, por orden de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo. El régimen elimina así el marco legal que permitía a las alcaldías gestionar su propio personal de forma técnica e independiente.
A través de una reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), el régimen traslada el mando de los recursos humanos municipales a la Procuraduría.
Con este paso, las decisiones sobre quién entra, quién asciende y quién sale de una alcaldía dejan de ser una facultad local para centralizarse en la Procuraduría que depende directamente de Ortega y Murillo.
De la protección al control centralizado
Durante dos décadas, la Ley 502 funcionó como un manual de reglas para el empleo público municipal. Establecía que los ingenieros, recaudadores y técnicos debían ser contratados por mérito y protegidos de los cambios políticos mediante un sistema de carrera aprobado durante el mandato del expresidente Enrique Bolaños.
La ley se aprobó en 2004 para que, cuando cambiara un alcalde o el partido en el poder, no pudieran despedir a todo el personal técnico como ingenieros, contadores, recaudadores, solo para meter a su propia gente. Si el empleado estaba "en carrera", tenía derecho a estabilidad.
Con la nueva reforma de Ortega y Murillo, ese sistema desaparece. Los trabajadores municipales ya no tienen un régimen propio. Pasan a la Ley del Servicio Civil (Ley 476), la misma que rige a los ministerios. Esto borra la distinción entre un funcionario del Gobierno Central y uno municipal, eliminando la autonomía administrativa de las alcaldías.
Las alcaldías pierden el control sobre el entrenamiento de su personal. Ahora están obligadas a entregar el 2% de su planilla total al INATEC, que decidirá qué y cómo deben aprender los funcionarios locales. En la ley anterior, el Ministerio de Hacienda retenía el 1% de las transferencias municipales para cubrir el gasto de capacitación del personal.
La infraestructura y los recursos que antes sostenían el sistema de carrera municipal han sido transferidos a la Procuraduría. El Estado no solo asume las funciones, sino también los bienes materiales de estas oficinas.
Según el Artículo 6 de la reforma aprobada, el personal que laboraba directamente para las instancias de la Carrera Administrativa Municipal será trasladado a la nómina de la Procuraduría General de Justicia. La ley indica que se respetarán sus derechos y antigüedad conforme a la Ley del Servicio Civil.
