Sin fondos para sostener cárceles, el régimen ordena frenar detenciones y desacatar a jueces
En los centros penitenciarios de Nicaragua se profundiza una grave crisis presupuestaria que ya impacta directamente en la aplicación de la justicia, frenando la ejecución de órdenes de captura y el cumplimiento de sentencias judiciales. “No hay fondos para sostener a la población penal”, admitió una fuente interna, al explicar el creciente malestar ciudadano ante casos en los que personas condenadas “se pasean en libertad” sin que las autoridades ejecuten las resoluciones judiciales.
La fuente asegura que la jefatura nacional no está ejecutando los mandatos de detención emitidos por jueces, instrucción que, según fuentes policiales, habría sido girada por la codictadora Rosario Murillo, como una salida a la falta de recursos para “mantener presos”.
De acuerdo con la información filtrada por un funcionario del complejo policial Plaza El Sol, la directriz se está aplicando en distintos niveles operativos.
Entre las órdenes de captura que están siendo desacatadas -explicó- figuran casos por incumplimiento de pensión alimenticia, tenencia ilegal de armas, delitos sexuales, estafas, hurtos, lesiones e incluso homicidios imprudentes.
“La orientación es no proceder con las capturas, aunque exista orden judicial. Hay expedientes que simplemente quedan archivados”, reveló.
El impacto de esta política ya se refleja en casos concretos. Ninoska Aburto, habitante del municipio de San Rafael del Sur, denunció públicamente que el presunto responsable de la muerte de su hija, Dionis Guadalupe Parrales Aburto, permanece en libertad pese a tener una orden de captura vigente desde el 6 de noviembre de 2025.
Según su testimonio, el joven motociclista Bryan Javier Flores Calero, de 22 años, provocó el accidente que le costó la vida a su hija en la carretera entre Masachapa y San Rafael del Sur.
“Mi hija murió y él sigue libre”, reclamó.
Un funcionario del Sistema Penitenciario Nacional (SPN) también confirmó que el presupuesto asignado resulta insuficiente para cubrir alimentación, seguridad, mantenimiento y atención médica en los centros penitenciarios.
“La falta de recursos nos ha obligado a aplicar medidas de ahorro, como las excarcelaciones frecuentes”, explicó.
La fuente del penal añadió que el régimen “está claro” de las consecuencias de estas medidas continúan, sin embargo la falta de fondos obliga a mantener las liberaciones masivas, incluso en casos de reos reincidentes.
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También indicó que una de las primeras medidas de ahorro fue se reducir los traslados de privados de libertad a los juzgados, sustituyéndolos por audiencias virtuales desde los centros penitenciarios para disminuir costos operativos.
En la práctica, la falta de fondos no solo reduce la población carcelaria, sino también el alcance de la justicia, dejando órdenes judiciales sin efecto y a víctimas sin respuesta institucional.
