Estados Unidos sanciona a cinco altos funcionarios de inteligencia, defensa y telecomunicaciones de Nicaragua
Estados Unidos sancionó este jueves a cinco funcionarios de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo de Nicaragua. Las medidas alcanzan a directivos de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), el Ejército de Nicaragua y la ministra de Trabajo.
Los funcionarios sancionados por la Oficina del Control de Activos del Departamento del Tesoro estadounidense son: Denis Membreño Rivas y Aldo Martín Sáenz Ulloa, director y subdirector respectivamente de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Johana Vanessa Flores Jiménez, ministra del Trabajo; Celia Margarita Reyes Ochoa, subdirectora General de TELCOR y Leonel José Gutiérrez López, mayor general del Ejército de Nicaragua y jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar.
Los sancionados son acusados de usar la inteligencia militar, el control de las telecomunicaciones y leyes antilavado para ejecutar una represión sistemática contra el pueblo.
La designación de la ministra del Trabajo se vincula a un informe de la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR) que señala políticas de explotación laboral, confiscación de propiedades de instituciones religiosas y empresas estadounidenses, y creación de condiciones de competencia desleal.
"La dictadura Murillo-Ortega ha continuado su campaña nacional e internacional de represión y tiranía para intimidar, sofocar y socavar a los opositores políticos y disidentes pacíficos", afirmó el Secretario del Tesoro, Scott Bessent. "Seguiremos responsabilizando a la dictadura y amplificando las aspiraciones de libertad y justicia del pueblo nicaragüense".
El poder de Ortega y Murillo es ilegítimi, insiste Estados Unidos
La Administración Trump sostiene que desde 2018, la dictadura "Murillo-Ortega" ha reprimido violentamente las protestas, detenido y asesinado injustamente a opositores políticos, llevado a cabo asesinatos extraterritoriales, silenciado a los medios independientes y obligado a periodistas al exilio, "consolidando su control ilegítimo" del poder en Nicaragua.
En enero de 2025, la Asamblea Nacional —cooptada por el régimen—, recuerda el Tesoro, aprobó una reforma constitucional destinada a cimentar el futuro dinástico de Murillo y Ortega.
Estas medidas elevaron a Murillo de vicepresidenta a "copresidenta" y subordinaron todas las ramas del gobierno al Ejecutivo, eliminando efectivamente la separación de poderes. "La nueva constitución eliminó las protecciones civiles y políticas, consolidó el control gubernamental sobre los medios de comunicación y legalizó el uso de fuerzas paramilitares por parte del régimen para imponer la represión", señalan.
Como resultado de estas nuevas sanciones, todos los bienes de las personas designadas, cuentas bancarias e intereses en Estados Unidos (o bajo control de ciudadanos estadounidenses) quedan congelados, y se prohíbe cualquier transacción comercial o financiera con ellos.
Además, debido a la "Regla del 50%", cualquier empresa donde estos funcionarios posean la mitad o más de las acciones queda automáticamente bloqueada, lo que en la práctica los expulsa del sistema bancario internacional y les impide realizar movimientos de dinero, compras o contratos que involucren directa o indirectamente el sistema financiero de los Estados Unidos.
