EE.UU. eleva presión por guardabosques mayangnas presos y torturados en La Modelo
Washington exigió la liberación inmediata de los guardabosques que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene como presos políticos y que, según denuncias documentadas por la CIDH, son sometidos a restricción de alimentos y tratos degradantes.
El Gobierno de Estados Unidos volvió a poner el foco sobre la dictadura de Nicaragua al denunciar que los guardabosques indígenas mayangnas continúan “injustamente detenidos” por haber expuesto corrupción vinculada al control y ocupación de tierras en territorios indígenas.
La Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado afirmó que existen reportes de hambre, condiciones que amenazan la vida y falta de atención médica en prisión, y exigió su liberación inmediata e incondicional.
El pronunciamiento retoma el caso documentado: la detención y condena de guardabosques mayangnas que denunciaron dinámicas de venta y arrendamiento ilegal de tierras en territorios indígenas, así como las condiciones degradantes que enfrentan dentro del sistema penitenciario.
Los indígenas para los que Estados Unidos exige la liberación son: Ignacio Celso Lino, síndico de la comunidad de Suniwas; Argüello Celso Lino, juez comunal y maestro; y los guardabosques Donald Andrés Bruno Arcángel y Dionisio Robins Zacarías, todos reconocidos como líderes comunitarios en la Costa Caribe.
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria ha señalado irregularidades en las capturas, incluyendo la falta de orden judicial y la ausencia de información clara sobre los cargos al momento de la detención. También ha advertido sobre violaciones al debido proceso.
Crisis humanitaria en prisión
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha documentado denuncias sobre las condiciones carcelarias que enfrentan los guardabosques: raciones insuficientes de comida —una al día, según las alertas citadas—, acceso limitado a agua adecuada, celdas con presencia constante de zancudos y falta de atención médica oportuna.
Estas denuncias fueron retomadas por Washington, que alertó sobre “condiciones que amenazan la vida” y enmarcó la situación como una emergencia humanitaria.
Ellos fueron condenados a cadena perpetua en febrero de 2022, tras ser acusados por el régimen de participar en la masacre de Kiwakumbai, ocurrida el 23 de agosto de 2021. Sin embargo, organismos defensores de derechos humanos sostienen que ese ataque armado fue perpetrado por colonos, y dejó víctimas mortales, heridos y desplazamientos forzados en varias comunidades indígenas.
Los organismos también sostienen que no existe evidencia que vincule a los guardabosques con los hechos y que los verdaderos responsables forman parte de grupos armados dedicados a la usurpación de tierras.
