La viuda de Roberto Samcam exige llegar a los autores intelectuales: “Que este sea el inicio de un camino hacia la verdad y la justicia”
La captura de Luis Fernando Carvajal Fernández, señalado como el principal sospechoso del asesinato del mayor en retiro Roberto Samcam, ha abierto una nueva etapa en la investigación del crimen ocurrido el 19 de junio de 2025 en Costa Rica. Pero para Claudia Vargas, esposa del exmilitar nicaragüense, el proceso apenas comienza: la expectativa, subraya, está puesta en que las autoridades logren indentifican plenamente a quiénes ordenaron el crimen.
Samcam fue asesinado de ocho disparos en la puerta de su vivienda, un atentado que, por sus características y el perfil de la víctima como crítico del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, cobró relevancia internacional.
En declaraciones a DESPACHO 5O5, Vargas valora la detención del presunto gatillero como un avance significativo y confía en que tanto la Fiscalía como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) actúen correctamente en un caso que, afirmó, trastoca la soberanía del país.
"Valoro la captura como un paso importante y reconozco el trabajo de la Fiscalía y del OIJ, que permite avanzar en un caso que toca directamente la seguridad democrática y la soberanía del país", señaló.
Un juez de San José dictó 15 días de prisión preventiva contra Carvajal Fernández mientras continúan las diligencias. Para la familia de la víctima, esa resolución representa apenas una medida inicial dentro de un proceso que, esperan, conduzca a la identificación de los responsables intelectuales.
Vargas sostiene que la dimensión del crimen obliga a una investigación exhaustiva. A su juicio, el proceso no puede limitarse a establecer la responsabilidad material del asesinato, sino que debe profundizar en el contexto en que ocurrió, las motivaciones que lo rodearon y las posibles redes que habrían intervenido en su ejecución.
"Este avance es significativo porque demuestra capacidad institucional y voluntad de actuar. Ahora el desafío es sostenerlo con una investigación rigurosa, pleno respeto al debido proceso y, sobre todo, una lectura integral del caso que permita esclarecer no solo las responsabilidades materiales, sino también las intelectuales, dado que estamos ante un hecho no aislado de represión transnacional", afirmó.
"Lo importante es que no sea solo un momento, sino el inicio de un camino claro hacia la verdad y la justicia", agregó.
Exige justicia y protección para exiliados
Más allá del proceso judicial inmediato, Claudia Vargas explico que ha comenzado a construir alianzas y a recurrir a instancias internacionales para mantener la atención sobre el asesinato del mayor en retiro para evitar que quede impune y se ponga en el centro la urgente garantías de protección a la población nicaragüense exiliada en Costa Rica.
"Tengo confianza, pero no soy pasiva. Estoy construyendo redes y alianzas, haciendo llamados a otros países y acudiendo a los mecanismos internacionales para destacar la importancia de este caso y pedir que se incorporen los informes presentados. He solicitado protocolos de protección para la población exiliada: la justicia no es solo este juicio a los ejecutores materiales", expuso.
Para Vargas, el alcance del proceso será determinante: "Habrá justicia si el caso avanza sin dilaciones, si se consolidan las pruebas, si se esclarecen tanto las responsabilidades materiales como las intelectuales y si existe cooperación efectiva cuando la violencia tiene componentes transnacionales. Nombrar y actuar es lo que evita que el miedo y la impunidad se normalicen".
Además, insiste en la necesidad de incidir para que los opositores nicaragüenses que han sido víctimas de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo puedan encontrar justicia y reparación por las violaciones a sus derechos, y que el caso de su esposo contribuya a visibilizar los riesgos que enfrentan, y que han obligado a muchos a guardar silencio.
"Que cada nicaragüense en el exilio y dentro de Nicaragua que ha sufrido alguna injusticia y ha tenido que callar se vea reflejado en esta búsqueda de verdad y en este proceso de justicia. La responsabilidad jurídica, ética y moral no debe recaer únicamente sobre Costa Rica; deben acompañarla otros Estados y los mecanismos internacionales", enfatizó.
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Roberto Samcam fue mayor del Ejército de Nicaragua y un férreo crítico del régimen Ortega-Murillo. En el contexto de la crisis sociopolítica que estalló en abril de 2018 en Nicaragua, se exilió en Costa Rica debido a la persecución en su contra.
En febrero de 2023, junto a otros 93 ciudadanos —entre periodistas, sacerdotes y defensores de derechos humanos—, fue despojado de su nacionalidad y sus propiedades fueron confiscadas por el régimen.
