Un tribunal de apelaciones de EEUU autoriza retirar el TPS a migrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos ha dado un respaldo provisional a la administración de Donald Trump para avanzar en la retirada del Estatus de Protección Temporal (TPS) a decenas de miles de migrantes procedentes de Honduras, Nicaragua y Nepal.
La decisión judicial, emitida este lunes, suspende de forma temporal el fallo de una jueza federal de California que había bloqueado la terminación del programa. En diciembre de 2025, la magistrada Trina Thompson concluyó que el Ejecutivo no había seguido un procedimiento adecuado ni evaluado correctamente las condiciones actuales de los países afectados antes de poner fin a la protección.
En una orden de seis páginas, un panel de tres jueces consideró que el gobierno de Donald Trump tiene altas probabilidades de éxito en la apelación. Los magistrados apuntaron tanto a una posible falta de jurisdicción del tribunal inferior como a la solidez legal de las decisiones adoptadas por el Departamento de Seguridad Nacional.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, celebró el fallo como una “victoria para el Estado de derecho” y defendió que el TPS ha sido desnaturalizado por administraciones anteriores.
En un mensaje difundido en la red social X, sostuvo que el programa fue utilizado como “una amnistía de facto”, pese a que la ley establece su carácter estrictamente temporal.
El TPS fue creado para ofrecer protección a personas procedentes de países golpeados por guerras, desastres naturales u otras crisis graves. Sus beneficiarios no podían ser deportados y cuentan con permiso de trabajo, pero el programa no contempla una vía hacia la residencia permanente ni la ciudadanía.
La situación de los tres países ha mejorado
En el caso de Honduras y Nicaragua, las designaciones se remontan a finales de los años noventa, tras el paso del huracán Mitch, mientras que Nepal fue incluido tras el devastador terremoto de 2015.
Para la actual administración del presidente Donald Trump, estas renovaciones prolongadas constituyen un abuso del marco legal. El Gobierno sostiene que las condiciones en los tres países han mejorado lo suficiente como para justificar el fin de la protección, un argumento que es rechazado por organizaciones defensoras de los migrantes.
“Las evaluaciones oficiales no reflejan la realidad sobre el terreno”, señalan estas entidades, que alertan de la persistencia de la violencia, la inestabilidad política y la precariedad económica, especialmente en Centroamérica. Advierten, además, de que la retirada del TPS afectaría a personas que llevan años —en algunos casos, más de dos décadas— viviendo en Estados Unidos, con empleo estable, hijos nacidos en el país y fuertes vínculos comunitarios.
La suspensión ordenada por el Noveno Circuito permanecerá vigente mientras se resuelve la apelación en su totalidad. El caso se originó a partir de una demanda presentada el año pasado por la Alianza Nacional TPS y por beneficiarios del programa de Honduras, Nicaragua y Nepal, después de que el Gobierno anunciara su intención de poner fin a las designaciones.
